El presupuesto de la Defensoría del Pueblo para la vigencia fiscal del año 2003, sufrió un recorte de medio millón de balboas, hecho que motivó la preocupación del defensor Juan Antonio Tejada Espino, porque pone en peligro el funcionamiento de oficinas en el interior del país.
Mediante un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo advierte que se podrían cerrar las oficinas de captación de quejas en Veraguas y Colón, y la cancelación de algunos programas dirigidos a atender a sectores vulnerables como los privados de libertad y dejar en suspenso la posibilidad de abrir una oficina en la provincia de Chiriquí, Los Santos, Darién, Coclé y San Miguelito.
Tejada Espino indicó que la Defensoría del Pueblo, desde que se creó en el año 1997, siempre se ha mantenido con un presupuesto de funcionamiento de B/.2.8 millones, sin embargo, para el próximo año por primera vez se sufre una disminución en el presupuesto.
Según el funcionario, la disminución del presupuesto de la entidad se puede interpretar como "un bajísimo nivel de compromiso" por parte del Ejecutivo hacia las "tareas de promoción y respeto por los derechos humanos" que adelanta la institución.
Recordó que la Ley 7 del 5 de febrero de 1997 en su artículo 45, que crea la institución, establece "que es obligación del Estado dotar a la Defensoría del Pueblo de un presupuesto anual suficiente para asegurar su funcionamiento efectivo".
Mencionó que la esterilidad está asociada a un producto denominado Flumazone o Drimocloropropano y que los casos no se han dado sólo en Panamá, sino en todo Centroamérica, incluyendo la fábrica del producto en Estados Unidos.
Penagos enfatizó que hay pacientes estériles y es necesario un protocolo de estudios, donde se tomen muestras de espermas y biopsias testiculares para demostrar si existen trabajadores afectados o no.
En Bocas del Toro la situación no es muy diferente. En 1993, un total de 28 personas, todas varones, fueron objeto de exámenes de laboratorio, quienes resultaron afectados por azoospermia total o ausencia total de espermatozoides en 25 de los casos, mientras que los restantes presentaron oligoazoospermia o presencia ocasional de espermatozoides.
Todos los pacientes de una u otra forma tuvieron contacto con algún producto químico utilizado en la actividad bananera de la región, que se desarrolla desde 1890.
Actualmente, existen pacientes en las fincas 30, 60, 15, Luzón y otras, en los que se puede observar claramente desprendimiento de piel.
Varias personas de estos lugares, marcados por las enfermedades, prefirieron no dejarse fotografiar, pues desconfían de la efectividad de sus denuncias, ya que según ellos hace siete años se les dijo que iban a ser indemnizados, sin embargo, quienes recibieron jugosas sumas de dinero fueron sus abogados.
En el libro "El Legado", escrito entre los años 1993 y 1995, se presentan los casos de gran cantidad de trabajadores afectados por el uso de agroquímicos, cuyos efectos han sido devastadores y aunque no se comparan a la actual realidad, el problema persiste, según sindicalistas y médicos consultados.
Penagos subrayó que la situación actual de las bananeras en Barú es seria, por lo que se ha recomendado desde hace tiempo suspender el riego de fungicidas por vía aérea, porque no hay un control estricto sobre los químicos y por lo tanto no se puede determinar el grado de afectación en el ser humano como en el ambiente.
"Los plaguicidas en la piel causan muchos problemas, como quemaduras, dermatitis alérgica, dermatitis de contacto, acné, daños en las uñas, sin embargo, quiero llamar la atención de que todo lo que pasa en las fincas bananeras con respecto a la piel de las personas no está relacionado con estas sustancias", dijo.
Recalcó que existen estudios dermatológicos que demuestran que estos productos son peligrosos y que no es posible confiarse del manejo seguro del que hablan las compañías de venta, por lo que debe regularse el riego aéreo y si es posible que desaparezca esta práctica.
Por su parte, Juan Jované, director nacional de la Caja de Seguro Social (CSS), indicó que es conveniente para el país tener una legislación estricta frente a la contaminación ambiental y los tóxicos que estén destruyendo directamente la vida humana, en la que se están dando abusos de agroquímicos.
Sostuvo que el drama radica en que se aprueban leyes que aparentemente son buenas, pero no se cumplen.
Explicó que la entidad cubre la atención normal que se brinda a las personas, pero enfatizó que el que realiza la contaminación es el responsable principal.
Indicó que esta práctica está causando mucho daño a los obreros, debido a que son problemas que van más allá de lo que implica una necesidad de trabajo, donde la institución adjudica una pensión por invalidez.
Aseguró que se afecta directamente a la entidad, porque se produce una gran cantidad de problemas de invalidación.
A pesar de las evidentes lesiones y el deterioro de la salud de las personas, Penagos aclaró que toda enfermedad de piel no se le puede adjudicar a los químicos y por lo tanto para solicitar una indemnización a la empresa frutera o a los fabricantes, hay que demostrar que el veneno produjo el problema en la piel, pero tiene que ser compatible con lo que se ha publicado en el mundo y lo que sabe la ciencia.
Indicó que hay enfermedades en la piel, como la psoriasis, que es un virus que no es causado por plaguicida y si algún trabajador dice eso no es correcto.
"El problema existe, pero ha sido mal enfocado, como en las intoxicaciones agudas donde nadie recuerda cuando la gente moría en Changuinola y Puerto Armuelles afectados por órgano fosforado, donde se ha logrado bajar enormemente el índice de mortalidad con los programas de salud", precisó.
Penagos destacó que las afecciones en la piel pueden estar relacionadas con los químicos y pueden ser de color blancas, grises o chocolates. De manera que los pacientes que tienen esas manchas, es recomendable demostrarlo, de manera que no se puede divulgar un problema si no es comprobado clínicamente.
Consideró necesario que el Gobierno, funcionarios de Salud, obreros y las compañías se pongan de acuerdo para controlar la situación.
"No hacemos nada si comenzamos a gritar ¡veneno en el aire!, ¡muerte silenciosa!, porque lo que se riega no son venenos agudos pero sí causan daño", dijo
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