Según Pérez Silva, con esta medida de reducir los turnos de disponibilidad de algunas especialidades, no se hace más que desproteger a los pacientes, que en determinado momento y de forma urgente requieran de la atención de un especialista.
Sin embargo, a pesar de los señalamientos de Pérez Silva, el director de la CSS, Juan Jované, ya se reunió con un grupo de médicos del Hospital Pediátrico, designándose una comisión para tratar de cuadrar dentro del presupuesto disponible las necesidades del hospital.
"Lo que estamos tratando es que todas las especialidades queden cubiertas, porque hay algunas que tienen más frecuencia de uso que otras y la idea es ver cómo se hace para que el paciente se sienta bien atendido", aseveró.
La medida de reajuste de los turnos de disponibilidad se viene ejecutando desde hace dos meses y se asumió para evitar hacer gastos innecesarios en algunas especialidades en donde se pagan a algunos médicos que por estar disponibles, reciben sus pagos aunque no se les llame a prestar el servicio.
En este sentido, Pérez Silva señaló que si no se quiere reconocer la disponibilidad de algunos especialistas, indicó que tanto Jované y García, serán los responsables de las consecuencias penales y civiles, cuando los médicos a los que no se les pague su disponibilidad, no estén presentes al momento de darse una urgencia en esa especialidad.
"En los casos donde la persona que atienda al paciente no sea la idónea para el hecho específico del paciente, la responsabilidad debe caer sobre Jované y sobre el director del Hospital Pediátrico", recalcó.
Con respecto al estudio de impacto ambiental para la marina aseguró que lo tiene terminado, pero una carta enviada por el Ing. Silviano Vergara, director nacional de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), le advierte que el estudio de impacto ambiental presentado " no responde a las interrogantes presentadas por la Dirección Nacional de Evaluación y Ordenamiento Ambiental."
Según la ANAM para subsanar los errores del estudio de impacto ambiental, el concesionario requiere presentar un método de diseño y relleno apropiado, para evitar que el material de la playa se vea arrastrado por la corriente, teniendo que rellenar nuevamente el área. Figali aseguró que no debe ningún centavo a la ARI en concepto de los contratos suscritos con esa institución.
La ARI informó a Figali, el 31 de marzo pasado, que adeuda la suma de B/.544,504.46 en concepto del contrato de desarrollo, inversión y arrendamiento del complejo turístico boulevard de alta moda. La deuda incluye B/.333,176.30 en concepto de aporte de inversión y B/.211,328.16 en intereses. Humberto Urroz, director de Mercadeo de la ARI, descarta cualquiera posibilidad de anular los contratos firmados con Figali.
Según Urroz, lo que más le interesa a la ARI es la inversión, sin embargo reitera de que la institución " es celosa de que el inversionista haga las inversiones de tal manera que se ajuste a lo que dice el contrato."
A su juicio los llamados de atención a Figali sólo buscan demostrar que la ARI ha estado al tanto de que se cumpla con lo establecido en los contratos de concesión.
Urroz expresó que todos están basados jurídicamente para lograr un balance entre lo que el empresario invierte y las reglas que debe de respetar.
Interrogado que si el retraso en la entrega de documentos por parte de Figali ha afectado las inversiones, Urroz contestó. " obviamente que si afecta, el inversionistas puede ir adelanto trabajos, pero el desarrollo final del proyecto dependerá de que el contrato este refrendado."
