La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, reveló que unas 400 demandas para el pago de salarios caídos por destituciones injustificadas, están siendo tramitadas por su despacho, las cuales en su mayoría han sido presentadas por fallas en el manejo administrativo de las destituciones.
Montenegro de Fletcher reveló que en una sola demanda fallada por la Corte Suprema de Justicia, el Estado fue condenado al pago de más de B/.200 mil y que en los próximos meses esos montos podrían aumentarse notablemente.
Aseguró que la mayoría de las destituciones realizadas de manera ilegal tienen un trasfondo político y que ante esta situación se hace necesario el establecimiento de un mecanismo por el cual se uniformen los procedimientos en el manejo administrativo de los despachos públicos.
Explicó que la próxima semana presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para uniformar las disposiciones dentro de las instituciones pública que permite su regulación para impedir la existencia de actuaciones unilaterales y que luego dan origen a la presentación de procesos judiciales contra el Estado.
Sostuvo que con este proyecto de ley, todos los funcionarios gubernamentales deberán seguir un mismo procedimiento para la destitución de empleados públicos y el manejo administrativo de las instituciones.
Planteó que sólo en 1999 se recibieron y tramitaron 300 procesos por supuestas destituciones injustificadas y que algunas de ellas ocasionarán un impacto económico en el erario público, ya que se deberá pagar los salarios caídos.
Indicó que el proyecto busca subsanar todas estas irregularidades, minimizar los formalismos, lograr una economía procesal y un ahorro del recurso humano para lograr una optimización del funcionamiento del engranaje gubernamental.
