Un anteproyecto de ley que pretende derogar la resolución número 14 mediante la cual el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) reconoció a la empresa Panama Ports Company (PPC) los mismos beneficios y exoneraciones otorgadas a los demás operadores portuarios, presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Legislativa, la legisladora Teresita de Arias.
Además de la legisladora Arias, el anteproyecto es iniciativa del perredista Denis Arce y Erick López, éste último suplente de Rubén Arosemena, e incluye un artículo en el cual se establece que es de "orden público e interés social", lo cual le otorga efecto retroactivo a partir de su promulgación.
El mismo anteproyecto pretende derogar la resolución número 34 de 2002 del Consejo de Gabinete, mediante la cual se autorizó al ministro de Comercio, Joaquín Jácome, en representación del Estado panameño a equiparar los beneficios e incentivos fiscales de las áreas dadas en concesión y demás condiciones establecidas para los operadores portuarios a favor de la empresa Panamá Ports Company.
Se propone en el anteproyecto de ley que para determinar la existencia de condiciones similares entre operadores portuarios que lo solicite se realizará un estudio comparativo de las concesiones otorgadas a los operadores existentes.
Al momento de realizar el estudio comparativo se tomará en cuenta, entre otros factores, la superficie del área dada en concesión, la ubicación de los proyectos o de las instalaciones portuarias, los activos entregados por el Estado a los concesionarios, el término de duración de los contratos, monto de inversión, clase de servicios portuarios concesionados, obligaciones asumidas por cada concesionario y el régimen laboral aplicable.
La legisladora explicó que en el caso que se llegue a un acuerdo, después que alguna de las empresas operadoras solicite la equiparación, se haría efectivo a través de una adenda refrendada por la Contraloría General de la República que deberá ser sometida a la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Explicó que es una inconsistencia jurídica intentar modificar, mediante una resolución ministerial, una ley que aprueba un contrato entre una empresa y el Estado panameño. Las resoluciones que se pretenden derogar por medio de esta propuesta legislativa además de reñir con el ordenamiento jurídico legal y constitucional son inconvenientes para los intereses del Estado.
