La Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó a la presidenta Mireya Moscoso 60 casos específicos que fueron denunciados como actos de corrupción ante esa instancia de notables, a fin de que el Ejecutivo adoptara las sanciones o tramitara los mismos ante los tribunales correspondientes.
Lo que se constituyó en el segundo informe de la Comisión contra la Corrupción, y que fue entregado a la presidenta el 2 de mayo del presente año, recoge la inquietud de diversos sectores de la sociedad en torno a hechos que han sido de dominio público por haberse difundido ampliamente a través de los medios de comunicación social.
Entre otros casos, la comisión cita la caída y hundimiento del helicóptero HP 1430, el obsequio de costosos relojes Cartier dados por la presidenta Moscoso a los legisladores, la remodelación de la Casa Presidencial de Punta Mala por un valor aproximado de B/.98,000.
Cita que en el marco del caso del HP 1430, surge a la luz pública la relación del colombiano Jorge Vásquez con la empresa Hanta Corporation, firma propietaria del helicóptero, y la vinculación de Vásquez con Alvaro Naranjo Salazar, quien a su vez es el banquero de confianza de Moscoso.
El informe enviado por la comisión a la mandataria también recoge la denuncia hecha por el vicepresidente Arturo Vallarino y el legislador Marcos González, sobre la venta ilegal de terrenos propiedad del Banco Hipotecario Nacional (BHN) a ciudadanos asiáticos y el caso de Nora Esther Arrocha, sobrina del entonces gerente del BHN, Waldo Arrocha, a quien se acusó de recibir un salario por servicios prestados a pesar de que reside en Suiza.
Otro sonado caso que se ventiló a través de los medios de comunicación social y que se incluyó en el segundo informe que se envió a la mandataria, guarda relación con las denuncias de irregularidades en las licitaciones para contratar los servicios de seguridad para el BHN y para el Ministerio de Educación.
Figura además la decisión de la subdirectora de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Bertilda García, suspendiendo un contrato que se había adjudicado a una empresa para la instalación de 8 grúas fijas y cuya decisión contó en su momento con los integrantes del Consejo Económico Nacional, a pesar de que ese organismo ya había aprobado otorgar el contrato a la empresa original, en este caso Suministros Los Andes.
Hace mención, igualmente, de la construcción de un edificio para el Ministerio de la Presidencia y cuya licitación fue ganada por Constructora Azuero, donde figuran como dignatarios miembros de la familia del viceministro del ramo, Arnulfo Escalona.
Se incluye también el caso de los servicios profesionales y viáticos pagados en la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) por la supervisión de trabajos de mecánica a helicópteros y aviones a personas que no estaban aptas para desarrollar este tipo de actividades.
El uso irregular del combustible en el Servicio Aéreo Nacional, la sonada renuncia de la entonces directora del Hospital Santo Tomás, Gloria Moreno de López, el escándalo desatado por la supuesta entrega irregular de licencias para marinos en Manila-Filipinas, la reducción de la altura del segundo puente sobre el Canal de Panamá, que según algunos proponentes, afectó el resultado de la licitación para el diseño.
Las denuncias de irregularidades en la licitación para escoger a la empresa encargada de suministrar la galleta nutricional, los atrasos en la construcción de la Línea de Oriente, la compra fraudulenta de computadoras en el IDAAN, los gastos de la cumbre presidencial y la contratación de empresas para extracción de arena en el río Pacora sin contar con los estudios de impacto ambiental, forman parte de la larga lista de denuncias.
Hasta ahora no se ha informado sobre sanciones a funcionarios, compañías privadas u otro tipo de persona que guarde relación con las denuncias presentadas por dicha comisión.
