El Centro de Atención Legal Comunitaria presentó ayer ante la Defensoría del Pueblo un informe que sostiene que el 86.4 por ciento del oxígeno médico que se utiliza en los hospitales del país carece del registro sanitario.
La gestión del citado centro surge luego que el ministro de Salud, Fernando Gracia, señalara que el oxígeno médico que suministra la empresa Cryogas de Centroamérica a los hospitales nacionales cumple con las normas sanitarias vigentes.
La Defensoría envió ayer una nota a los medios de comunicación señalando que la documentación entregada por el mencionado centro será adjuntada a la investigación que realiza por la supuesta violación contra el derecho fundamental de la salud.
Francisco Garzón, secretario ejecutivo del centro, dijo que el estudio presentado ante la Defensoría fue elaborado por la firma de contadores públicos Domínguez, Cano y Asociados en base a los registros de las importaciones de oxígeno realizadas por Cryogas durante el primer trimestre del presente año, como consta en la Dirección General de Aduanas.
Indicó que esta documentación refleja que Cryogas sólo realizó dos importaciones de oxígeno médico amparadas por los registros sanitarios concedidos por el Ministerio de Salud, importaciones que sólo eran suficientes para cubrir la demanda en el complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid por espacio de un mes.
Garzón manifestó que este informe evidencia que el oxígeno médico entregado por la mencionada empresa al resto de los hospitales de la Caja de Seguro Social, del Ministerio de Salud y a varias clínicas privadas fue importado de países como Colombia o Costa Rica sin contar con el registro sanitario que es exigido por la Ley 1 de Medicamentos de 2002.
Advirtió que esta irregularidad ha sido posible debido a que las importaciones de oxígeno médico y de oxígeno industrial ingresan al país mediante una misma partida arancelaria.
Destacó que esto pone en evidencia que tanto el Ministerio de Salud como la CSS están violando la Ley de Medicamentos, al recibir en los hospitales un oxígeno que carece de registro sanitario y por tanto están poniendo en peligro la salud de la población.
Por su parte, el ingeniero Vicente González, de la Dirección de Calidad de Agua del Ministerio de Salud, dijo que la norma de agua residual aprobada en el 2000, obliga a la colocación de plantas de tratamiento y elimina los tanques sépticos.
No obstante, aún existen proyectos que están en aprobación que mantienen los tanques sépticos, pero a éstos se les exige la colocación de filtros para controlar que las aguas no lleguen "crudas".
Asimismo, denunció que estos tanques deben estar colocados a una distancia mínima de 10 metros de distancia desde la orilla del río, pero que muchas constructoras están faltando a estos estándares.
Cabe destacar que el MIVI, conjuntamente con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), designó una comisión interinstitucional que evaluará las causas directas e indirectas que provocaron las inundaciones.
Esta comisión debe entregar este informe a más tardar en 30 días, con las recomendaciones para que eventos similares no se vuelvan a repetir.
