Ayer Montenegro explicó que Arjona, cuando ocupó la presidencia de la Corte, incumplió la Ley de Contrataciones Públicas, al contratar de forma directa los servicios de dos compañías para elaborar una cuña de televisión y para una campaña de divulgación audiovisual para la Escuela Judicial.
Detalló que Arjona, tras considerar que existía urgencia evidente, contrató los servicios de la empresa Publicidad Audiovisual S.A. para la cuña de vídeo y a la empresa Real Time Studio S.A., para la campaña de divulgación del plan estratégico de la Escuela.
El primer contrato se hizo por B/.9 mil 750 y el segundo por B/.9 mil 826 respectivamente, ambos firmados por montos inferiores a los 10 mil balboas para obviar la realización de la solicitud de precios. La ley exige que por más de este monto se debe realizar el proceso de solicitud de precios.
Lo más cuestionable de este caso, según Montenegro, es que las dos empresas contratadas quedan en el mismo lugar y ambas tienen algún tipo de vinculación.
Un representante de una de estas empresas, que prefirió reserva de su nombre, reconoció que estas compañías funcionan en una sola estructura, pero que entraron en un proceso administrativo normal como los que participa todos los días. "Hago contrataciones con esta y muchas otras instituciones y compañías. Todo se tramitó normalmente", destacó.
Precisó que lo que se les pagó no cubre una ganancia para él. "Pasé una cuenta para facilitarle el servicio. Fue un trabajo que superaba con creces esa plata. Yo no vendo eso por menos de 10 veces ese dinero que se pagó", reiteró.
Montenegro detalló que ocurrió igual con otros cuatro contratos, pero para la compra de divisiones modulares y mobiliario para los juzgados y despachos del edificio sede de la Corte Suprema de Justicia, aunque Arjona argumentó que también existía urgencia evidente.
Montenegro explicó que entre junio y noviembre de 2003, Arjona autorizó la compra de este mobiliario con una sola empresa, la Figuer Panamá S.A., seccionando los contratos con diversos montos, inferiores a los 250 mil balboas para evitar la realización de una licitación.
En total, precisó Montenegro, a esta empresa se le aprobaron contratos por 405 mil 596 balboas, sin que se realizara una licitación como lo establece la Ley 56 de contrataciones públicas.
"Con esto está demostrado que hubo asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias e irregularidadades en sus funciones tanto del magistrado Arjona como del ex contralor Alvin Weeden", afirmó Montenegro.
El contrato para elaborar una cuña de televisión fue por B/. 9 mil 750 y el de la campaña de divulgación audiovisual para la Escuela Judicial fue por un monto de B/. 9 mil 826.
La ley establece que por montos superiores a los 10 mil balboas se debe realizar el proceso de solicitud de precios.
