Un proyecto de ley mediante el cual se pretende prohibir la extracción de arena submarina o sobre el litoral en perjuicio de las playas y de la actividad turística, presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Legislativa el legislador coclesano, Javier Tejeira.
Según el proyecto de ley, se ampliaría a 15 kilómetros del litoral el área en la que se podría extraer arena submarina, mientras que en el área terrestre, la arena sólo podrá sacarse a 1,000 metros de la playa hacia tierra firme.
Tejeira dijo que a pesar de los pocos días que quedan para concluir el proyecto de ley, se hará todo lo posible para que sea discutido en los tres debates correspondientes y se le dé la aprobación del caso para que se convierta en ley de la República lo más pronto posible.
El legislador Tejeira afirmó que según la ley vigente las concesiones para la extracción de arena submarina debe darse entre mil quinientos y tres mil metros de la línea que deja la marea alta en la playa.
Según el legislador la intención es proteger las principales playas del país, a fin de evitar que una actividad como la extracción de arena ponga en peligro el turismo que genera miles de fuentes de empleo, pero requiere la inversión de millones de balboas.
Recordó que en regiones del país como Farallón, en la cual se explota el turismo, la pesca y otras actividades relacionadas con la playa, podrían verse severamente afectadas con la extracción de arena.
Tejeira manifestó que una actividad como la extracción de arena, aunque también genera fuentes de empleo, nunca puede ser comparada a las que produce el turismo y la pesca.
En tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, aseguró que las presiones políticas y empresariales no influirán en el otorgamiento o desaprobación de las concesiones areneras solicitadas por cuatro empresas en Farallón, y cuyo estudio de impacto ambiental fue aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
Según Jácome, en esa área hay aproximadamente 20 solicitudes de concesiones que no tienen restricciones, es decir, que no es un área de reserva, "por lo cual no podemos evitar que una persona natural o jurídica la solicite".
Manifestó que la resolución de la ANAM con la que se aprobó el estudio de impacto ambiental para las empresas Corporación Oriental de Inversiones, Rellenos del Golfo, Atlantic Pacific Excavation y Maritime Development Corporation, ya se envió a la Dirección de Recursos Minerales del MICI, como uno de los pasos para la obtención del permiso.
En esa dirección, dijo, se van a hacer los análisis del estudio aprobado por la ANAM desde el punto de vista jurídico y científico para determinar si afecta o no a la zona.
En torno a los señalamientos del representante de los Hoteles Decameron de que se afectará la zona turística, precisó que la presidenta Mireya Moscoso y su persona han demostrado un compromiso definitivo en materia turística, "por eso vamos a tomar una decisión basada en la parte jurídica y científica".
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