Estas declaraciones están sustentadas en una investigación que incluye la destitución de 10 mujeres en estado de embarazo y de tres personas afectadas con el virus del VIH/ SIDA, los cuales también fueron despedidos del sector público.
Tejada indicó que este llamado de atención lo ha hecho en reiteradas ocasiones al Estado, para que no se violenten los derechos fundamentales de las personas; aun cuando "somos partícipes de una reforma al Estado, pero vuelvo y reitero, esa reforma no puede pasar por sacrificar el recurso humano que tenemos en la administración pública".
Actualmente la Defensoría adelanta un informe especial en relación a las más de 400 quejas que en los últimos meses ha recibido en la sede central en Panamá y sus oficinas instaladas a nivel nacional, de igual número de personas que fueron destituidas de manera injustificada.
En este caso la entidad investiga otras quejas de diez mujeres destituidas del sector público, las cuales se encontraban en estado de gravidez, algunas de ellas ya dieron a luz. Los despidos se dieron a pesar de estar protegidas por la garantía constitucional del fuero maternal y por instrumentos jurídicos internacionales que Panamá ha ratificado.
Según los quejosos, tales destituciones los mantiene en permanente zozobra y aseguraron a la Defensoría que su entorno familiar se ha visto seriamente afectado, por lo que solicitaron a esta institución promotora y garante de los derechos humanos, que intervenga para que su situación sea reconsiderada por el Estado, de tal manera que sean reincorporados a sus puestos de trabajo y/o les paguen prestaciones laborales adeudadas.
- Entre los destituidos también figuran funcionarios y funcionarias que han prestado sus servicios por contrato de trabajo durante años en instituciones públicas, quedando desprotegidos al no perfeccionarse la tácita reconducción que sí ampara a los empleados del sector privado.La Defensoría viene tratando con suma preocupación las destituciones de tres personas afectadas con VIH/SIDA, que requieren de un empleo, de lo contrario pierden sus derechos a continuar con el acceso a tratamiento y atención integral, desmejorándose de esta manera su calidad de vida por no contar con seguro social.
