A las 2:00 de la tarde de este martes presentarán ante la Asamblea Nacional de Diputados un anteproyecto de ley orientado a buscar avances y hacer los ajustes que requiere la legislación panameña en cuanto a que ningún funcionario de elección popular o libre nombramiento y remoción pueda demandar por afectación al honor.
Igualmente la propuesta ha sido ampliada a que ningún particular que voluntariamente ingresa al debate de interés público (presidente de partidos político y presidentes de gremios) tampoco podrán demandar penalmente.
Mientras que en la parte civil, la sentencia tendría que ser cónsona con los principios de la proporcionalidad, el reporte fiel, el dolo o ignorancia inexcusable, parámetros recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En cuanto a la propuesta presentada por el abogado Rogelio Cruz en representación del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), el director del diario Panamá América, Guido Rodríguez, manifestó que la misma riñe con los principios básicos sobre libertad de expresión aprobados en octubre del 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La inciiativa pretende que los delitos de calumnia e injuria sean de privativo conocimiento de tribunales formados por jurados de conciencia que sólo tendría competencia en lo penal, es decir, en lo relativo a la determinación de la culpabilidad o inocencia.
