El Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá "Héctor Gallego" (COFADEPA - HG) pidió ayer a la mandataria Mireya Moscoso que solicite al Gobierno de Estados Unidos la desclasificación y acceso a los archivos que mantiene la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Estado, relacionados con los asesinatos, desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos, durante los 21 años de dictadura militar.
Los familiares de los desaparecidos se reunieron ayer con Moscoso, para plantearle las aspiraciones que tienen ante la conformación de la Comisión de la Verdad, que debe investigar las desapariciones forzadas y otros crímenes perpetrados durante el régimen militar.
El COFADEPA - HG planteó a la gobernante que la comisión debe tener cobertura nacional y, de ser necesario, internacional, además del acceso a todos los expedientes relacionados con las violaciones a los derechos humanos que conservan instituciones como la Policía Nacional, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Registro Civil y Ministerio de Gobierno y Justicia.
Federico Britton, coordinador del COFADEPA - HG, explicó que los parientes de los desaparecidos pidieron a Moscoso que la comisión investigue los casos de desapariciones forzadas, ajusticiamientos extrajudiciales, arrestos arbitrarios, torturas y juicios amañados.
Igualmente, Britton indicó que COFADEPA - HG pidió a Moscoso que declare el 9 de junio, Día de los Desaparecidos. El 9 de junio de 1971 desapareció el sacerdote católico Héctor Gallegos.
Hemos pedido a la presidenta que pida al Gobierno de Estados Unidos que ordene a la CIA la desclasificación de los archivos que mantiene sobre las desapariciones y otros crímenes cometidos durante la dictadura militar, para saber qué realmente ocurrió en estos casos aún no esclarecidos, incluyendo el accidente aéreo en el que murió el general Omar Torrijos Herrera, indicó Britton.
Por su parte, la presidenta Moscoso informó que la Comisión de la Verdad tendrá un periodo de seis meses para realizar las investigaciones y consideró que debe ser presidida por el arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño. No obstante, la gobernante dijo que Cedeño aún no ha confirmado si aceptará liderar dicha comisión.
Así mismo, Moscoso anunció que mañana revelará los nombres de las siete personas que integrarán la Comisión de la Verdad.
En tanto, Mireya Moscoso dijo que la comisión no politizará el tema de los desaparecidos, ni los trabajos de excavaciones de fosas clandestinas ubicadas en el antiguo cuartel de Los Pumas, en Tocumen, donde se han desenterrado cuatro osamentas humanas.
Es una comisión que no tendrá las funciones de hacer justicia, sino de investigar y una vez tenga un informe final, debe remitírselo al Ministerio Público, para que esta institución busque la justicia, explicó la mandataria.
Moscoso dijo que designará la Comisión para que el "país se sepa lo que ocurrió durante muchos años, y también para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos en nuestro país".
Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se pronunció ayer a favor de la creación de la Comisión de la Verdad, que investigue pero consideró que la misma debe estar integrada únicamente por obispos de la Iglesia Católica, porque a su juicio es la religión de la mayoría de los panameños.
El PDC también propuso la creación de una fiscalía y un tribunal especial, que se encarguen de administrar justicia únicamente en los casos de los desaparecidos.
"Consideramos de fundamental urgencia que el "rgano Ejecutivo solicite los créditos extraordinarios que sean necesarios para que los organismos de investigación criminal de nuestro país tengan las partidas necesarias para una mejor y mayor investigación de estos hechos", manifiesta un comunicado del PDC.
Aunque el arzobispo José Dimas Cedeño se encuentra en el Archipiélago de las Perlas en una gira de trabajo, fuentes allegadas a la Iglesia Católica expresaron el interés de la institución en que se integre la comisión como un mecanismo de búsqueda de la verdad y de la reconciliación, "pero sin asumir responsabilidad de presidirla", pues no se conoce el fundamento jurídico mediante el cual la comisión va a desarrollar su labor.
Por su parte, el asesor presidencial Antonio Domínguez consideró ayer que la Iglesia Católica debe dejar al sacerdote Héctor Gallego en paz y preocuparse por las personas con vida.
