Washington. Parece que no sólo los expresidentes latinoamericanos caen bajo las lupas de los Dick Tracys de las agencias de inteligencia de Estados Unidos por delitos de drogas y corrupción. De vez en cuando los sospechosos permanecen aún sentados en la silla presidencial.
A pesar de un férreo silencio oficial, el departamento de Estado ha filtrado que el expresidente panameño, Ernesto Pérez Balladares, y algunos de sus asesores no podrán obtener visado para entrar a este país.
El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, sufrió un desaire similar en la década pasada y parece que una tormenta similar se avecina para su más reciente sucesor, Alvaro Uribe.
Según informes que circulan en esta capital y que hasta ahora fueron secretos, la agencia de inteligencia del Pentágono descubrió en 1991 que Uribe colaboraba con "el más poderoso cártel de drogas en ese país.
La primera información sobre el caso Uribe fue publicada por el semanario Newsweek y de inmediato desestimada tanto por el Departamento de Estado norteamericano como por el gobierno colombiano. Sin embargo, nadie negó la autenticidad del documento.
No obstante, sería poco menos que un milagro si Uribe no lograra entrar a Estados Unidos, considerando que el embajador de Colombia, Luis Alberto Moreno, ha ocupado ese cargo más de ocho años y es uno de los diplomáticos que mayor acceso goza en el departamento de Estado.
En tanto, un portavoz del presidente colombiano calificó las conclusiones del informe de la agencia como "la misma información que se usó en una campaña de difamación de los adversarios de Uribe" en la campaña presidencial de 2002.
Igual fue la reacción del gobierno de Samper en 1991, quien también se convirtió en un íntimo colaborador de Estados Unidos a pesar de los insultos que le proporcionaban los portavoces del gobierno de Bush padre.
Por su parte, Uribe es un firme aliado de Washington en la lucha contra las drogas y el gobierno del presidente George W. Bush ha elogiado en numerosas ocasiones la actuación de la policía y los militares colombianos en la lucha contra los traficantes y la guerrilla.
"El informe, que está fechado el 23 de septiembre de 1991 y fue obtenido bajo la Ley de Libertad de Información, indica que el entonces senador Uribe, de Antioquia, estaba dedicado a la colaboración con el Cártel de Medellín en altos niveles del gobierno", informó el semanario.
El documento de la DIA califica a Uribe como "un amigo personal y cercano" del entonces jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, y agrega que participó en los esfuerzos de éste para obtener un escaño como miembro auxiliar del Congreso.
El informe sostiene que Uribe estaba vinculado con un negocio, no identificado, relacionado con el contrabando o distribución de narcóticos en Estados Unidos, y que cuando era senador se opuso a la extradición de narcotraficantes a ese país. El documento de la DIA asegura que Alberto Uribe, el padre del ahora presidente, fue asesinado por sus vínculos con la droga.
El portavoz del gobierno colombiano, Ricardo Galán, explicó que esto no podía ser cierto porque en 1991 Uribe estaba estudiando en Harvard y que jamás había tenido negocios en Estados Unidos. Añadió que al padre del presidente lo mataron los guerrilleros que trataron de secuestrarlo.
Por su parte, el Departamento de Estado dijo a través de su vocero Adam Ereli, que "rechazamos completamente estos alegatos contra el presidente Uribe". "No tenemos información creíble que sostenga o corrobore estos alegatos, que aparecieron en un informe no evaluado de 1991", agregó.
