La crisis que sacude al Gobierno, tras el escándalo de los "papeles de Panamá" y el caso Waked reactivó la campaña de persecución del Ministerio Público (MP) contra funcionarios del pasado gobierno.
La Fiscalía Sexta Anticorrupción decidió formular cargos a tres familiares de Eduardo Jaén, exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, quien está detenido por supuestas irregularidades en un contrato con la multinacional SAP.
Según fuentes vinculadas al caso, el MP, siguiendo instrucciones del Consejo de Seguridad, ejerce presión contra Jaén para que vincule en este caso a Aaron Mizrachi.
Incluso, la fiscalía ordenó la detención preventiva de Mizrachi.
También, el fiscal Aurelio Vásquez trasladó el expediente a la Corte Suprema con la intención de vincular al expresidente Ricardo Martinelli.
Se conoció que la fiscalía montó un operativo contra la esposa, Aracelys Roy de Jaén, hermana del ministro del Canal y presidente de Metro de Panamá, S.A., Roberto Roy, así como contra sus hijos para llevarlos a rendir indagatoria.
No es la primera vez que el Consejo de Seguridad, al mando de Rolando López, utiliza las fiscalías para presionar a exfuncionarios con la intención de vincular a Martinelli.
En abril, Carlos Tasón, exfuncionario de la Caja de Seguro Social detenido por este caso, recibió fuertes presiones.
La presión fue tan fuerte que su abogado renunció a seguir defendiéndolo.
Las operaciones de López han sido cuestionadas, porque convirtió la entidad en un brazo político del Gobierno y se alejó de su misión de garantizar la seguridad pública.
"En el exterior no confían en ese Consejo, porque perdieron su rumbo y solo es utilizado para armar expedientes contra los enemigos políticos", advirtió una fuente vinculada al Ministerio de Seguridad.
Los vínculos de López con la procuradora Kenia Porcell son fuertes. En los primeros meses del Gobierno, la abogada trabajó con el director del Consejo de Seguridad en varios casos de alto perfil, que luego tramitó, una vez fue nombrada.
