Advierte que cuando los funcionarios de instrucción ordenan una detención preventiva y la persona es absuelta, no hay ningún tipo de sanción para el funcionario que la ordenó.
Este punto es avalado por el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, quien considera este anteproyecto como de vital importancia.
"Es uno de los más sensitivos para la comunidad, y hay que prestarle la mejor de las atenciones y debate en la Asamblea, porque no está escrito en piedra y puede mejorarse".
Según Tejada, actualmente la detención preventiva se desnaturaliza y pasa a ser una especie de pena anticipada, teniendo un efecto perverso sobre la persona en cuestión, producto de la incertidumbre.
Pero, además de acoger el anteproyecto, también considera importante trabajar en la prevención delictiva y oportunidades de empleo, considerando que la mayor parte de la población carcelaria es gente joven, que viene de hogares en riesgo social.
"Esto no debe ser visto como una excusa, sino como una forma de diagnóstico".
Por su parte, el jurista Miguel Antonio Bernal opina que todo lo que facilite y procure el respeto del debido proceso y de las garantías fundamentales, debe encontrar el apoyo necesario de los ciudadanos y autoridades.
"Hay que actualizarnos porque tenemos procedimientos arcaicos y concepciones muy represivas, que en lugar de ofrecer un sistema más garantista, es mas bien un sistema inquisidor de las libertades, y eso es parte de lo que hay que cambiar".
Entre otros puntos, el anteproyecto también incluye trabajo comunitario para sustituir la pena carcelaria, cuando ésta no pase de tres años.
Además, la declaración indagatoria podría recibirse a través de videoconferencia u otra tecnología similar, y no habría excarcelación bajo fianza en delitos de violencia doméstica, cuando corra peligro la vida de las víctimas.
Por otra parte, el procesado podría pedir sentencia anticipada cuando sea evidente la prueba de culpabilidad, teniendo derecho de rebaja de pena por aceptar su culpa.
Los juzgados municipales conocerían en primera instancia procesos por hurto, entre otros.
La procuradora podría crear nuevas agencias de instrucción.
Se eliminaría la hora judicial y las diligencias se cumplirían 10 minutos después de la hora fijada.
