La suspensión de 71 contratos millonarios del programa "Escuelas Ranchos por Escuelas Dignas", originó discrepancias en el Gobierno.
Estas diferencias entre el presidente de la República, Martín Torrijos, y su esposa, la Primera Dama, Vivian de Torrijos, con el actual ministro de Educación, Salvador Rodríguez, no surgen porque algunas de las empresas participantes se crearan recientemente para ganarse las contrataciones directas, sino por la compra de materiales no tradicionales para la construcción de aulas.
"A algunos les gustará y a otros no los materiales prefabricados, por eso no estoy investigando a ningún ministro de Educación", dijo Torrijos, quien indicó que no contribuirá "al morbo" respecto a que hay corrupción en todos los actos del Gobierno.
"No hay problema si son empresas recién creadas, porque el debate está en los materiales prefabricados que serán utilizados", sostuvo.
Pero la Primera Dama no comparte esta opinión, ya que afirmó que el Ministerio de Educación (MEDUCA), "no sabe lo que está haciendo, porque las aulas de reemplazo de las escuelas ranchos no pueden construirse con materiales contrarios a bloques y cemento".
"No voy a permitir que un proyecto que ha involucrado a la empresa privada como a otros gobiernos, se ponga en cuestionamiento", planteó.
Recomendó al ministro Rodríguez que "estudie más los casos de las escuelas ranchos".
Por su parte, Rodríguez reiteró que con los materiales prefabricados se construyen más escuelas, de las que se pudieran hacer con bloques y cemento.
Ministro alega que lo sacaron de contexto
“Una periodista me sacó de contexto”, afirmó el actual ministro de Educación, Salvador Rodríguez.
Dijo que su entrevista se colocó al lado de un texto que él desconocía.
Las declaraciones de Rodríguez surgen luego de que Panamá América revelara nuevas irregularidades en la contratación de empresas para el reemplazo de escuelas ranchos. Los contratos de algunas empresas por la anterior administración educativa señalan que estaban relacionadas unas con otras y que sus suscriptores eran de 18 y 23 años de edad.
Sin embargo, Rodríguez, a pesar de reconocer que una irregularidad que llamó su atención fue que eran empresas recién creadas para la adjudicación de contratos, señaló que las mismas empresas asumirían la construcción de las escuelas dignas.
