"La Primera Dama no es una funcionaria o empleada pública, ese cargo no existe", advirtió el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola.
"Últimamente cada una de las primeras damas se ha ido cogiendo un poquito... es como cuando se le da a una persona la mano y se coge el brazo", planteó el abogado, quien señaló que desde el punto de vista constitucional y legal, esta costumbre no está regulada.
Lamentó Molino Mola que la primera dama, Vivian Fernández de Torrijos, llamara la atención al ministro de Educación, Salvador Rodríguez, por el reemplazo de materiales de construcción de las escuelas dignas en el país.
"Esta señora (de Torrijos), no puede llamarle la atención a ningún funcionario, porque no tiene facultades en la Constitución ni en la ley, quizás sólo como una simple ciudadana", sentenció el ex magistrado.
Insistió en que Vivian de Torrijos no tiene mando, jurisdicción ni funciones establecidas, aunque es la esposa del presidente Martín Torrijos.
Fricción.
La polémica entre la Primera Dama y el ministro Rodríguez surge luego que Panamá América revelara que el Ministerio de Educación suspendió 71 contratos millonarios con empresas que sustituirían las escuelas ranchos por escuelas dignas, para poder utilizar materiales no tradicionales en su construcción.
Sin embargo, las discrepancias no giraron en torno a otros aspectos como que algunas de las empresas contratadas por la administración educativa anterior fueran recién creadas o sobre su falta de experiencia en estos trabajos de construcción.
Mientras que el ministro Rodríguez -cabizbajo- afirmó a una televisora que "falló" por no haber informado a la Primera Dama que el MEDUCA "busca en la actualidad una nueva modalidad que permita construir más aulas escolares a menos costos".
Indicó que una vía para proveer de instalaciones apropiadas a los estudiantes podría ser la fabricación previa de los elementos estructurales que serán trasladados y armados en los sitios destinados para las nuevas escuelas.
Reacción.
"Preocupa que surja otro escándalo en el Ministerio de Educación por la falta de fiscalización", afirmó Maribel Jaén de la Comisión de Justicia y Paz.
Considera que la polémica surgida entre la Primera Dama y el ministro de Educación, así como la crisis educativa en general, refleja que no se están realizando los niveles de planificación adecuados.
"La Constitución es clara cuando establece que el Ministerio de Educación debe administrar, supervisar, controlar y planificar la reestructuración de escuelas", agregó.
Mientras que el diputado por el Partido Panameñista, José Luis Varela, dijo que las autoridades deben iniciar una investigación para determinar si "se protegió los intereses del Estado en la contratación de las empresas que sustituirían las escuelas ranchos".
"La disputa no debe radicar en el ego de una persona, sino en la protección de los intereses públicos", sostuvo.
Por su parte, el presidente del Partido Unión Patriótica, Guillermo Ford, dijo que "crean suspicacia las constantes contrataciones directas con empresas, dejando por fuera las licitaciones públicas".
"Debe haber más transparencia, ya que los fondos utilizados para las contrataciones son de todos los panameños", precisó el político.
Empresas recién creadas construirán escuelas dignas, según el MEDUCA.
El MEDUCA pactó el pago de B/65 mil por la construcción de cada salón de clases.
