¿Privatizar cárceles sería la solución?

LAS DENUNCIAS de supuestos maltratos y torturas a algunos detenidos de la cárcel La Joya y la Joyita, ha permitido que el tema de la privatización de las cárceles vuelva a la palestra pública.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, Rogelio Paredes, es uno de los que aboga por esta alternativa y no la considera una idea "descabellada", como han mencionado algunos.
Según Paredes, las empresas que atienden las cárceles se encargan de darle el mantenimiento adecuado, garantizan la atención médica y la seguridad de la población detenida, todo supervisado por el Estado.
Explicó que lo único que haría el gobierno es poner a los detenidos a disposición de esas empresas porque sus empleados se encargan de todo, a cambio de que el Estado les pague un porcentaje anual que correspondería a lo mismo que le costaría al gobierno mantener la cárcel.
Pero estos señalamientos no fueron compartidos por el ex director del Sistema Penitenciario, José Calderón, quien puso por ejemplo la cárcel de Rancagua en Chile, dada en concesión por 10 años.
Mantener esta prisión en buen estado cuesta anualmente unos B/.10 millones y la población penitenciaria es de sólo mil 500 reclusos.
"Si comparamos esa realidad con la nuestra, donde existen 11 mil privados de libertad y sólo B/.11 millones de presupuesto, no sería racional tomar en consideración esta alternativa", dijo.
Advirtió que las compañías con fines de lucro pueden presentar un estimado de bajos costos para ganarse el contrato, y luego pedir inesperados aumentos en los pagos cuando asumen la responsabilidad de manejar el establecimiento.