Para el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados hubo problemas desde el inicio de la gestión del ministro J.J. Vallarino III, quien no respetó el derecho de los trabajadores a poderse organizar como parte de un sindicato.
Sin embargo, indicó que en la administración de Moreno se mejoró un poco la relación con los trabajadores, tras regularizar la asignación de los pagos del 5% del Seguro Educativo.
Producto de estas denuncias y contradenuncias, surgieron toda clase de acusaciones y descargos que dieron lugar a grandes titulares en los medios impresos, así como horas en los noticieros, reportajes de radio y televisión, no obstante, todo quedó allí.
El procurador trató de investigar el asunto, pero la negativa de la bancada de la oposición a levantarse la inmunidad, impidió que las investigaciones se realizaran con la fluidez requerida. Los legisladores del PRD se despojaron de la inmunidad voluntariamente, sin embargo, no fue suficiente, el funcionario esperaba que todos lo hicieran.
Todo llegó a su fin en la madrugada del 30 de junio del 2003, último día del período de sesiones ordinarias, cuando el pleno legislativo aprobó una resolución presentada por el legislador arnulfista, Jacobo Salas y secundada por su copartidario, José Blandón Figueroa, mediante la cual se ordenó el archivo del expediente de este caso.
Producto de esta resolución, se cerró el caso, se impidió que siguiera cualquier investigación y se enterró el peor escándalo de corrupción que ha tenido el país.
Pero esto no termina allí. El constante ausentismo y irresponsabilidad de un número considerable de los integrantes de la Asamblea Legislativa, se mantuvo como una de las notas características de estos cinco años. La situación se agravó en los últimos meses con la campaña electoral.
El oficialista Sergio Gálvez, quien logró su reelección para el próximo quinquenio, se consolidó en una posición muy destacada, entre los más "paveolos" de los legisladores, pues no completó siquiera una docena de asistencias a las sesiones plenarias o reuniones de comisión, pero cada una de las quincenas cobró su respectivo cheque.
El veterano político, Jacobo Salas, presidente de la Asamblea en el último período, en el cual se registraron los mayores niveles de ausentismo, hizo incontables llamados a los legisladores para que cumplieran con sus funciones. A pesar de esto, no fue escuchado, ya que la mayoría de los legisladores y sus suplentes hicieron de oídos sordos y de esta manera echaron por tierra las últimas iniciativas de la presidenta Mireya Moscoso, las denominadas leyes de "Mano Dura".
