Los procesos administrativos y judiciales que se levantan a estudiantes previamente identificados en actos que ponen en peligro la vida y seguridad de las personas tienen resultados reservados. Las autoridades educativas se escudan en que se podrían viciar los procesos para la imposición de las sanciones.
Solo ayer un grupo de estudiantes protagonizó actos vandálicos en el Instituto Nacional, lo que provocó la intervención de unidades de Control de Multitudes y por ende el cierre del plantel de forma indefinida.
Tras la intervención de las unidades policiales, se retuvieron a cuatro estudiantes, los cuales serán indagados para conocer los detalles de este incidente.
En los últimos dos años más de cinco decenas de estudiantes del Instituto Nacional y de la Escuela Artes y Oficios fueron retenidos por participar en revueltas callejeras con máscaras, pelucas y hasta con herramientas lesivas en su poder como bombas caseras o molotov. Sobre esos casos aún se desconocen expulsiones definitivas.
El año pasado se levantó una investigación a 14 institutores que protagonizaron las protestas por la implementación de la ley que modificó la materia de Relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Aducían que la propuesta era inconsulta.
Este año, dos razones distintas en el mismo escenario volvieron a causar tensión entre las autoridades del Meduca. En abril, la "causa" era la escasa frecuencia de los metrobuses. Como resultado hubo daños en el plantel y 19 estudiantes detenidos para investigación. Un grupo de ellos fue considerado como infiltrados.
En un acto similar, esta vez por daños a la propiedad ajena, se retuvo en abril pasado a 14 estudiantes de la Escuela Artes y Oficios, luego de haber incendiado supuestamente el auto de un profesor. El rector Ricardo Murillo explicó que los casos se encuentran en la Fiscalía Primera y Segunda, pero además se siguen los procesos administrativos.
A pesar de que todos están bajo la lupa del Meduca para aplicar las sanciones según lo estipula el Decreto 142 de 1997, que se refiere al régimen interno para los estudiantes de las escuelas particulares y oficiales, hay quienes piensan que se deben hacer cambios drásticos en las medidas disciplinarias y acabar con la elasticidad histórica a estudiantes que utilizan el uniforme para dedicarse a la "maleantería y al vandalismo”.
Para la titular de Educación, Lucy Molinar, la tarea no es fácil. Expone que el temor de los propios estudiantes y profesores por denunciar a sus compañeros es la mayor limitante. El acontecimiento de ayer, donde supuestamente los estudiante fueron azuzados por movimientos políticos parece haberle colmado la paciencia: reconoció que se necesitan "medidas severas" para evitar que se repitan estos casos.
Una profesora con diez años de laborar en el “Nido de Águilas”, y que prefiere mantenerse en reserva es de la opinión de que el Decreto 142 "hay que reformarlo, para que se pueda aplicar la sanción.
La docente alega que cuando ocurren estos casos los abogados de los estudiantes dilatan los procesos, y mientras tanto al estudiante no se le puede prohibir asistir a clases.
En lo que sí difiere la fuente es en la necesidad de que el Meduca nombre a un rector titular. "Hace siete años no hay un profesor permanente (rector) y eso contribuye a crear disconformidad entre el grupo que supuestamente busca mejoras para el plantel", dijo.
El especialista en temas educativos Juan Planells ve el problema como el resultado de una deficiencia marcada en los valores y la apatía de las autoridades en reconocer la deficiencia. “Es un área donde nosotros no hemos hecho un buen trabajo, comenzando por la misma escuela”, sostiene.
Recomienda que el tema se empiece a mirar de forma cuantitativa en los boletines de los estudiantes, a través de un sistema de evaluación como se hace en el área académica.
La acotación de Planells surge tras la serie de sucesos que protagonizan los estudiantes de escuelas oficiales con consecuencias de daños a la propiedad ajena y en ocasiones daños y lesiones a terceros, donde no se sanciona a nadie.
“Esa no es la forma de hacerse sentir y lograr conquistas, porque la agitación del momento produce consecuencias adversas que desvirtúan los valores”, concluye.
El decreto vigente sobre el régimen interno para los estudiantes de las escuelas particulares y oficiales establece en su artículo 2 que las sanciones disciplinarias serán en principio amonestación, seguido de suspensión y en última instancia expulsión.
En la herramienta legal que rige a los estudiantes expresa que las sanciones serán impuestas por el director del plantel. “En cada centro educativo habrá una Comisión Disciplinaria nombrada por el director, que colaborará en la disciplina escolar”.
Para los casos extremos en faltas disciplinarias el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 142 dice que el estudiante con conducta irregular que entorpezca el proceso de enseñanza de los demás compañeros o que impida el aprovechamiento de los demás podrá ser objeto de traslado escolar.
