El contralor de la República, Gabriel Castro, reveló que ya remitió todos los informes concernientes a las investigaciones sobre el desfalco en los Programas de Ayuda Rápida para Viviendas de Interés Social (PARVIS) y que los involucrados en estos casos pueden enfrentar también procesos por lesiones patrimoniales contra el Estado.
Castro explicó que se realizó una evaluación integral del PARVIS y que todas las irregularidades encontradas fueron debidamente señaladas, además de que los expedientes fueron enviados al Ministerio Público en donde existen varias sumarias por irregularidades penales.
De acuerdo con el fiscal de las finanzas públicas, los implicados en la investigación del PARVIS pueden enfrentar responsabilidades de carácter patrimonial, si se demuestra que utilizaron mal los materiales e insumos de ese programa.
Precisó que hasta la fecha se ha podido constatar la asignación irregular de los materiales y su entrega a personas que no calificaban para el programa, lo que motivó que algunos insumos nunca llegaran a sus destinatarios.
Explicó que a raíz de las denuncias se realizaron auditorías a todos los programas desarrollados en las distintas provincias, pero aclaró que hasta el momento sólo se han encontrado irregularidades en Panamá, Chiriquí, Colón y Veraguas.
La Fiscalía Primera Delegada ordenó la separación de más de 10 funcionarios del Ministerio de Vivienda (MIVI), por su presunta relación con estas irregularidades y el robo de otros insumos.
La fiscal Cecilia López, quien instruye las sumarias, ha ordenado la ejecución de varios careos entre los funcionarios a cargo del almacén central del MIVI y los suplidores de los materiales a la institución, para determinar si llegaron o no a su destino.
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