El procurador de la administración encargado, José Juan Zeballos, reveló que el jefe del Ministerio Público, José Antonio Sossa, entregó como pruebas a su despacho una serie de denuncias contra el juez tercero civil, Enrique Lau Cruz, en donde se le acusa de vender fallos.
Detalló que a la fecha ha recibido una serie de documentos de parte del procurador Sossa que contienen varias denuncias presentadas contra el juez Lau Cruz, tanto en la esfera administrativa como en la penal.
Dijo que Sossa alega haber recibido una serie de quejas de personas muy distinguidas que acusan al juez Lau Cruz de una especie de venta de fallos, sin embargo, aclaró que el procurador no ha revelado el nombre de los denunciantes.
No obstante, destacó que Sossa le entregó copias de algunas demandas presentadas contra Lau Cruz en otros despachos.
Explicó que a raíz de ello se ha solicitado a los diferentes despachos del Ministerio Público los expedientes respectivos sobre las supuestas acusaciones vertidas contra el juez Lau Cruz.
Añadió que a su vez Lau Cruz ha enviado a la Procuraduría de la Administración algunas presuntas evidencias contra Sossa, en la demanda que le interpuso por espionaje telefónico.
Aseguró que en su escrito, Lau Cruz afirma que el procurador Sossa le pinchó su teléfono sin cumplir las formalidades de la ley y sin que existiese indicio o evidencia de que hubiese cometido un delito grave.
También se conoció que se ha solicitado todo el proceso en donde se inicia la investigación contra Lau Cruz y que ha pedido los antecedentes sobre los fallos de la Corte Suprema de Justicia en donde se toque el tema de las intervenciones telefónicas.
Lau Cruz demandó a Sossa ante la Procuraduría de la Administración, lo que desató una serie de críticas de parte de diferentes sectores sobre la capacidad que tiene el Ministerio Público para ordenar la intervención de teléfonos.
El conflicto creado por este tema motivó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia presentara a la Asamblea Legislativa reformas al proyecto de ley que crea la Sala Quinta de Garantías Constitucionales para que esta dependencia sea la que autorice el espionaje telefónico bajo condiciones específicas.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
