El procurador José Antonio Sosa entregó a la Comisión Legislativa de Drogas 1,467 casos de perdones, rebajas de penas e indultos otorgados desde 1999 por el Gobierno, para que sean analizados. Mientras que los legisladores anunciaron la apertura de una investigación contra cuatro asesores del Ministerio de Gobierno, para establecer su posible vinculación al cobro de coimas a cambio de estos beneficios.
Paralelamente, el Ejecutivo creó por un término de seis meses una Comisión Evaluadora de las libertades condicionales, rebajas de pena e indultos dictados por cualquier autoridad en los últimos 10 años. La comisión estará integrada por el presidente de la Comisión de Gobierno, Jerry Wilson; el secretario general de la Procuraduría, José María Castillo, y la directora del Sistema Penitenciario, Concepción Corro.
El presidente de la Comisión de Drogas de la Asamblea, Miguel Bush, aseguró que posee información sobre la vinculación de cuatro asesores del Ministerio de Gobierno y Justicia en el cobro de coimas a cambio del otorgamiento de rebajas de pena e indultos.
Expresó que para ejecutar las investigaciones, el próximo lunes se instalará una subcomisión que citará al ministro Spadafora y a la directora de Sistema Penitenciario, Concepción Corro, para que expliquen el mecanismo utilizado para otorgar las rebajas de pena.
Sostuvo que se investigará los posibles actos de corrupción en el otorgamiento de las rebajas de pena y explicó que el procurador le entregó toda la documentación sobre las rebajas de pena e indultos dados desde 1999. Planteó que de las 1,467 bondades dadas por el Ejecutivo en los últimos tres años, 243 corresponden a personas condenadas por narcotráfico y que aquí se han detectado casos de reos que no han cumplido un día de arresto.
Alegó que las pesquisas realizadas hasta la fecha apuntan hacia algunos asesores gubernamentales que se han enriquecido de manera sospechosa y que deben ser investigados por el Ministerio Público, para determinar de dónde proceden estos bienes.
También denunció que una legislación aprobada en 1999, sacó del ámbito de investigación del Ministerio Público a los funcionarios que se hayan enriquecido sospechosamente y los pone en manos de la Contraloría.
En tanto, la directora del Sistema Penitenciario, Concepción Corro, negó las acusaciones de corrupción e irregularidades en la concesión de rebajas de pena e indultos y aseguró que esto es una potestad del Ejecutivo. Aseguró que las rebajas de pena se han dado mucho antes de 1990, y sostuvo que las concedidas desde 1999 a la fecha han cumplido con todos los requisitos y todos los reos beneficiados cumplieron el 50% de sus condenas.
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