Sossa sostuvo que todas las denuncias presentadas en el Ministerio Público durante su gestión tuvieron el trámite correspondiente, estudiando las evidencias y tomando en cuenta las pruebas existentes.
Según Sossa, durante su gestión ha visto que surgen nuevos delitos, lo que ha obligado a la tipificación y a la especialización de los funcionarios de instrucción.
A su juicio, no todo lo que se produce dentro de un proceso es responsabilidad de los funcionarios de instrucción, porque depende mucho de la colaboración y del tiempo de trámite.
Alega que en los últimos meses ingresaron algunos casos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes que no contenían las pruebas sumarias, y por ende, deben ser archivados.
Criticó el hecho de que algunos sectores han querido utilizar al Ministerio Público para pasar facturas.
En ese sentido, explica que actualmente se exige la conclusión de investigaciones que acaban de comenzar, así como la toma de decisiones que no le corresponden al Ministerio Público.
"Las investigaciones toman tiempo y usualmente, éste no depende del despacho de instrucción", sostuvo.
Destaca que hay una tendencia a señalar delitos que deben ser investigados e inmediatamente, concluir asignando responsabilidades.
Por ello, asegura que hay sectores que hacen reclamaciones justas, pero hay otros que pretenden utilizar el instrumento penal como argumento para dilucidar contradicciones sociales no legales.
A su juicio, se busca alimentar ambientes de violencia que a la larga podrían perjudicar a toda la sociedad.
Insistió que durante su gestión se restringió el accionar del Ministerio Público para investigar los casos de enriquecimiento ilícito y que debe producirse la reforma correspondiente para devolverle esta facultad.
También señaló entre las dificultades enfrentadas, los recortes presupuestarios aplicados.
Según la Constitución, se le debe asignar el 2% del presupuesto del Estado, pero sólo se le otorgó el 0.76% de los fondos; en tanto, el recibo de expedientes se duplicó.
De 2001 a 2004, Sossa hizo 21 viajes, en su mayoría, por invitación de organismos encargados de combatir el narcotráfico.
Entre 2000 y 2003, aplicó sanciones administrativas a 2 mil 809 funcionarios, entre ellos, fiscales y personeros.
Muchas veces, solicitó reformar la ley que regula a la Policía Técnica Judicial para que quedara bajo el mando del Ministerio Público.
