El procurador José Antonio Sossa aseguró ayer estar "escandalizado" por los permisos laborales otorgados por la Dirección del Sistema Penitenciario, los que consideró inconstitucionales.
Sossa reveló otras siete resoluciones en donde se autoriza a homicidas condenados a penas de entre 8 y 20 años de prisión a salir de los penales para estudiar o trabajar.
Entre los permisos de estudio figura uno para una reclusa que estudia periodismo en el turno diurno en la Facultad de Comunicación Social.
El procurador aseguró que estos permisos impiden el cumplimiento de las penas aplicadas por los tribunales y dan pie al surgimiento de comentarios sobre la posibilidad de la comisión de actos de corrupción tras el otorgamiento de estas excepciones.
Sostuvo que hay casos concretos de delincuentes homicidas que deben encontrarse en la cárcel por la gravedad del delito y ahora se hallan en las calles gozando de libertad, y el Ministerio Público no tiene personal para darle seguimiento.
A juicio de Sossa, no se le ha dado un manejo responsable a este asunto, debido a que se pone en peligro la integridad de los ciudadanos al poner nuevamente en la calle a homicidas.
"Estos beneficios son claramente inconstitucionales, ya que el Presidente de la República es el único con facultades para conceder rebajas de penas e indultos y de ninguna manera se pueden dar a homicidas", sostuvo.
También hizo público los permisos de estudio concedidos a Roberto Patiño, condenado a 15 años de cárcel por homicidio y robo, para asistir al Primer Ciclo del Colegio Universal de Panamá, ubicado en Chiriquí.
Además se dio permiso de estudio a Nereyda Araúz, condenada a 16 años de prisión por homicidio agravado. La autorización le permite asistir a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí para estudiar periodismo.
222 Según el jefe del Ministerio Público, ha habido un manejo irregular de estos beneficios.
Se le concedió salida para estudiar informática en el Colegio Vocacional Obispado a Eufracio Aguirre, con pena de 16 años de prisión por homicidio agravado. Otro a quien se le dio permiso de estudio fue a Mexi Gutiérrez, condenado a 20 años por asesinato agravado, quien cursa el cuarto año de bachillerato en comercio en el Centro de Educación Laboral.
Eric Vásquez, quien purga 8 años de cárcel por homicidio, también fue beneficiado con un permiso para estudiar en el Instituto Comercial Panamá.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno y Justicia afirmó que los permisos laborales otorgados están dentro del marco legal y no hay exclusión de ningún delito para los mismos. Agregó que toda la documentación para conceder estos permisos fue remitida a la Procuraduría.
En un comunicado, Gobierno señala que los permisos laborales o de estudio están regulados por el Decreto Ejecutivo 212 del 13 de septiembre de 1996.
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