La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, consideró como bueno el análisis realizado por la procuradora de la Nación encargada, Mercedez Araúz de Grimaldo, al recomendar una sanción administrativa al jefe del Consejo de Seguridad Ramiro Jarvis, por negarse a revelar información de un proceso judicial.
Manifestó que la decisión asumida por Araúz de Grimaldo señala la ejecución de un examen correcto de los hechos, al determinar que en este caso no se había cometido delito alguno por parte de Jarvis, pero sí existía una falta administrativa por desobedecer una orden judicial.
Indicó que este es un proceso objeto de análisis por los profesionales del Derecho, debido a que es un caso específico en donde se hacen señalamientos con relación al ámbito de alcance de las normas que regulan las actividades de diversas esferas gubernamentales.
Por otro lado, la funcionaria aseguró que aquellos miembros de la Policía Nacional a quienes se les determine el uso excesivo de la fuerza en la detención de una persona, deben ser sancionado enérgicamente.
Explicó que la ley establece de manera clara el ámbito de funcionamiento de los miembros de la Policía, sus deberes y derechos. Además tiene estipulada de manera estricta, las sanciones para quienes transgredan las normas.
Alegó que el trato excesivamente violento de unidades de policía durante un arresto, debe ser sancionado, no sólo con las normas disciplinarias establecidas dentro de la institución, sino con sanciones de carácter penal.
Dijo que es necesario un compromiso de todos los funcionarios público para acatar las normas éticas en el desempeño de sus funciones. Estimó que los actos de corrupción imperantes se deben básicamente a la falta de cumplimiento con los valores cívicos.
