Mientras que la procuradora Ana Matilde Gómez afirmó que su despacho se encuentra imposibilitado para realizar gestión alguna para reabrir esta investigación, el magistrado de la Corte, Adán Arnulfo Arjona, expresó que esta iniciativa le correspondería al Ministerio Público.
La procuradora reveló que sostuvo una conversación con diversos estamentos de la sociedad civil y les explicó que su despacho ya no tiene posibilidad alguna de ejercer una acción en este caso.
Sostuvo que la Procuraduría hizo lo que pudo en este caso y consideró que ahora le corresponde a la sociedad civil llevar las iniciativas tendientes a lograr la reactivación de las pesquisas.
En tanto, Arjona aseguró que esta iniciativa recae enteramente en el organismo encargado de realizar la instrucción sumarial, es decir, la Procuraduría de la Nación.
El presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez, coincidió con Arjona en cuanto a que corresponde al Ministerio Público realizar las gestiones necesarias para reabrir las investigaciones del caso CEMIS.
Dijo que el canal establecido constitucionalmente para desarrollar las tareas investigativas en este proceso, es el Ministerio Público.
Explicó que en la reunión del pasado sábado se llegó a la conclusión de ejercer una presión ciudadana para exigir la reapertura de las pesquisas al Ministerio Público.
Angélica Maytín, en representación de la sociedad civil, aseguró ayer que "tengan la seguridad" de que haremos lo posible para lograr la reapertura de este caso.
Informó que un "grupo importante" de juristas independientes está interesado en colaborar jurídicamente en esta iniciativa.
Por su parte, el constitucionalista Carlos López Guevara explicó que los casos penales culminan mediante un sobreseimiento definitivo y que éste sólo debe decretarse cuando se agota la investigación.
Agregó que el archivo de un expediente no impide que se reabra una investigación.
Manifestó que en el caso del CEMIS no ha habido decisión, pues nunca se dio un sobreseimiento, absolución ni condena.
Detalló que la Corte anuló el proceso por vicios de forma en la investigación y lo archivó, pero no hubo una decisión de fondo. En este caso, planteó, no se puede argumentar el doble juzgamiento por la misma causa.
Este escándalo explotó cuando el entonces legislador perredista, Carlos Afú, denunció públicamente que había sido sobornado para votar a favor del CEMIS.
Destacó que sus colegas y la alta dirigencia del PRD también recibieron fuertes sumas de dinero.
El 14 de enero de 2002, la legisladora Balbina Herrera denuncia que su copartidario Carlos Afú recibió un millón de dólares por votar a favor de la ratificación de los magistrados de la Corte, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.
El 17 de enero, la Procuraduría inicia la investigación del caso CEMIS y el 17 de septiembre de 2003, la Corte ordena su cierre y anulación.
