Aunque reconoció que “no ha sido consultada” y “que no conoce el texto” del proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Gabinete, la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se mostró de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo que pretende controlar el acceso a los teléfonos celulares y el uso de internet.
Indicó que “hasta donde ha escuchado”, el proyecto va más allá del “espionaje telefónico”, como han denunciado los políticos, lo que se pretende es adecuar la legislación panameña a las normas y convenios internacionales.
La Procuradora estudiará el proyecto de ley y una vez se presente ante la Asamblea Nacional, asistirá a la discusión en los debates correspondientes a dar sus opiniones.
Gómez dijo que hasta donde conoce, el proyecto va más allá de los teléfonos celulares y los correos electrónicos, pues hay una serie de delitos producto de los avances tecnológicos que deben ser contemplados y por eso la necesidad de incorporarlos en la legislación.
Como están las normas vigentes, ella como Procuradora no puede autorizar la intervención de los celulares, lo debe hacer un juez.
Propósito.
A pesar de que este proyecto no establece "interceptar" comunicaciones, el secretario de Seguridad, José Abel Almengor, dijo que ese es el "propósito" del anteproyecto en casos de crímenes complejos.
Manifestó que la medida es para "regular" la comunicación telefónica y los correos electrónicos, debido a que esto no está establecido en nuestra legislación, pero que es utilizada en varios países de América Latina para luchar contra la delincuencia organizada.
En tanto, en Telemetro Reporta señaló que la intercepción de llamadas será para "uso judicial y no de inteligencia", luego que miembros de la sociedad civil expresaran que el proyecto crea "suspicacia" porque se podría violar la privacidad de los ciudadanos.
Almengor aseguró que la propuesta tiene "todo" el apoyo del Presidente.
Sostuvo que las garantías a la privacidad están establecidas en el Artículo 29 de la Constitución, pero cuando los equipos tecnológicos son usados en vías ilícitas se podrá utilizar la ley con la aprobación del Órgano Judicial.
Alegó que esta ley podrá ser un "arma" para que los fiscales puedan infiltrarse en las redes criminales, pero el fiscal Segundo de Drogas, Edwin Guardia, aseguró desconocer el documento o haber participado en su elaboración.
Guardia confirmó que envió una nota a Almengor para que en los próximos días se reúna con todos los fiscales y se les explique el proyecto.
Por su parte, Rubén Castillo, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), dijo que cualquier legislación que afecte la privacidad de la población debe ser debatida públicamente para que no se sienta que es un "acoso" del Estado.
