Procuradora: la Corte se contradice

La procuradora encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, calificó como “contradictorio” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que archivó el escándalo CEMIS, ya que contradice un fallo anterior de esa corporación sobre la inmunidad parlamentaria.
“No deja de sorprendernos que en base a situaciones previamente discutidas se den por terminados hoy dos casos que cuestionan lo más profundo de nuestra democracia”, detalló.
La Corte archivó las sumarias por el presunto pago de sobornos a legisladores para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios y la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.
Araúz de Grimaldo explicó que el fallo emitido el pasado martes contradice otra decisión de la Corte, con la cual todos los magistrados estuvieron de acuerdo, y que señalaba que al momento de iniciarse las investigaciones del caso CEMIS los legisladores no tenían inmunidad.
“El 12 de abril del 2002, al resolver un incidente de controversia presentado por el legislador Mateo Castillero, (la Corte) determinó que los legisladores no gozaban de inmunidad y por tanto mal podría aducirse la violación del artículo 212 del Reglamento Orgánico de la Asamblea Legislativa”, planteó.
La jefa del Ministerio Público no descartó la presentación de un recurso de solicitud de aclaración de este fallo, pero aseguró que esta decisión se tomará en los próximos días.
También manifestó que una vez ejecutoriado el fallo será necesario devolver a los investigados las evidencias recabadas por su despacho, entre ellas, los B/.6,000 mostrados por el legislador Carlos Afú durante la conferencia de prensa en donde denunció el supuesto pago de sobornos para la aprobación del CEMIS.
Aseguró que cuando su despacho inició de oficio estas investigaciones, los legisladores se encontraban sin inmunidad y que en este caso su despacho actuó de acuerdo con la ley.
“Es sorprendente que ahora se considere que los señores miembros de la Asamblea se encontraban gozando de inmunidad parlamentaria y se ignore totalmente que para la fecha en que se inician las investigaciones, la Asamblea Legislativa se encontraba dentro del período de receso”, agregó.
Es más, indicó, “ya habían transcurrido dos días del período de inmunidad parlamentaria”. Consideró que el Ministerio Público fue consciente de la dificultad que representaba la inmunidad que le otorga la Constitución Nacional a los legisladores y fue precisamente el respeto a la Carta Magna lo que motivó que se solicitara en reiteradas ocasiones y expresamente el 7 de febrero del 2002 a los legisladores que se la levantaran.