Los salvamentos de voto de los magistrados Harley Mitchell, Jerónimo Mejía, Oydén Ortega y Víctor Benavides apuntan en una sola dirección: El Ministerio Público ostentaba la legalidad de interceptar conversaciones telefónicas al momento que se le seguía un proceso al ex fiscal Arquímedes Sáez, por la posible comisión de un delito de corrupción (agosto de 2005).
Coinciden en que, en ese momento, no se tenía una interpretación oficial de quién era la autoridad competente para hacerlo; y no fue hasta el 17 de julio de 2007, que la Corte declaró -en un fallo de inconstitucionalidad- que la autoridad judicial son los operarios de la administración de justicia, jueces y magistrados.
Los cuatro magistrados -designados durante la administración del ex presidente Martín Torrijos- también convienen en que se le aplicó la medida cautelar de impedimento de salida del país a la procuradora Ana Matilde Gómez, sin que el procurador de la Administración encargado, Nelson Rojas, demostrara en su petición que existía un hecho punible y graves indicios de responsabilidad.
Rojas, quien investiga a Gómez desde septiembre pasado tras una denuncia que presentó el ex fiscal de La Chorrera, Arquímedes Sáez por ordenar unas intervenciones telefónicas en su contra, había solicitado a la Corte la separación de su cargo y la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial. Con una decisión mayoritaria de cinco votos a cuatro, el pleno de la Corte admitió la solicitud del procurador Rojas.
Salvamentos.El magistrado Mitchell salvó su voto, por considerar que "previo al dictamen de inconstitucionalidad referido no se tenía una interpretación oficial de quién era autoridad judicial".
Otra de las razones que alegó es que no existe posibilidad de que la procuradora, Ana Matilde Gómez, pueda obstaculizar la recolección de pruebas, toda vez que la investigación es adelantada en la Procuraduría de la Administración.
