La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, solicitó a los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, mantener una multa de B/.100,000 impuesta a la empresa telefónica Cable & Wireless (C&W) por haber incumplido las normas contenidas dentro del contrato de concesión suscrito con el Estado.
De acuerdo con la opinión de Fletcher, la transnacional de telecomunicaciones no cumplió con el contrato, al no reparar los daños en los teléfonos públicos en un 95% de los casos anuales dentro de un plazo de 48 horas y en el 98% dentro de las 96 horas como está establecido.
Señala que el servicio básico de terminales públicos y semipúblicos se inspira en el principio de bienestar social y de interés y que las situaciones de vandalismo alegadas por los apoderados judiciales de Cable & Wireless como defensa de los cargos endilgados, no pueden ser tomados en consideración para justificar la falta de cumplimiento en los parámetros establecidos en la cláusula No. 37 del contrato.
A raíz del vandalismo ejecutado contra los teléfonos públicos, el Ente Regulador de los Servicios Públicos emitió la resolución JD-1857 de 16 de octubre de 1998, por la cual se autorizó sustituir los teléfonos públicos dañados por aquellos que solamente utilizan tarjetas.
La empresa Cable & Wireless presentó una demanda de nulidad contra la resolución No JD-3114 de 19 de diciembre de 2001 y la No JD-3177 de enero del 2002 por las cuales se aplicó la multa por no cumplir a tiempo con la reparación de los teléfonos públicos que fueron objeto de vandalismo.
No obstante, ambas resoluciones fueron confirmadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, cuando la empresa presentó recursos de reconsideración contra la decisión de aplicarle la multa.
Una gran cantidad de teléfonos que utilizaban monedas eran objeto de constantes actos de vandalismo por sujetos que le extraían el dinero y en ocasiones destruían las casetas telefónicas para conseguir su propósito.
