La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez precisó que "cualquier persona que llegue a la edad 75 años, según establece la ley para retirarse de las funciones públicas, debe abandonar el cargo en cumplimiento de la legislación vigente".
La funcionaria aseguró desconocer si el ex presidente encargado de la República, Manuel Solís Palma está incurriendo en esa violación, así como si existe algún tipo de delito en caso de estar infringiendo esta norma legal.
A estos señalamientos se suman los de una alta autoridad de la Caja de Seguro Social (CSS), quien argumentó que esta institución no diferencia entre un servidor contratado por servicios profesionales y uno regular.
Según la fuente, toda persona que percibe un salario tiene que cotizar a la CSS, sin excepción alguna, tal como se aprobó en las reformas a la Ley Orgánica de la entidad.
Estas incongruencias generaron ayer comentarios entre las autoridades de la Universidad de Panamá (UP), quienes no descartaron recurrir a la contratación por servicios profesionales de algunos docentes que han cumplido los 75 años, tal como sucede en algunas dependencias estatales.
De este centro de estudios se han retirado cerca de 40 profesores en los últimos años y según el secretario general, Miguel Ángel Candanedo, "no es justo que el país desaproveche un catedrático con vasta experiencia y conocimiento" porque cumplió 75 años.
Candanedo recordó que el año pasado la Facultad de Bellas Artes prescindió de una figura muy importante de la música panameña por la Ley Faúndes y según expresó, "no se puede reponer a un director de una orquesta ni a un pianista como quien repone cualquier cosa".
Previo a cualquier contratación existirá una evaluación médica de los profesores que determine que están en buenas condiciones físicas para impartir clases, sostuvo.
La posible contratación de profesores por servicios profesionales será elevado a consulta de los órganos de gobierno de la UP y si en caso tal aprueban la medida, se contratará docentes con mucha experiencia y conocimientos.
Candanedo dejó claro que examinarán cada caso luego que el contralor de la República, Dany Kuzniecky, revelara que la Ley Faúndes exceptúa a aquellas personas que trabajen por servicios profesionales.
Existe un aproximado de 71 mil 382 ciudadanos mayores de 75 años en el país, según el último censo de población.
El procurador de la Administración, Oscar Ceville, consciente de que el concepto servidor público es interpretado de varias maneras, precisó que "no es sólo quien percibe remuneración del Estado, sino todo aquel que esté nombrado en un cargo del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otras entidades.
Procuradora pide que se cumpla Ley Fáundes
Las autoridades se contradicen en torno a la interpretación de esta polémica legislación .