El presidente de la Asamblea Nacional, Elías Castillo, afirmó que la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, puede constitucional y legalmente investigar los presuntos actos de corrupción que le endilga el gobierno de Estados Unidos al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora.
La aseveración de Castillo surge luego que la procuradora le pidiera a través de una carta, que instara al ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Lewis Navarro, a solicitar al embajador de Estados Unidos en Panamá, William Eaton, la documentación que sirvió de fundamento para la cancelación de la visa al magistrado Spadafora.
Pero según Gómez, la Constitución y la Ley no facultan al Ministerio Público para conocer de las denuncias que se formulen contra magistrados, ni investigarlos, pero sí y con fundamento en lo que establece el numeral 3 del artículo 220 de la Constitución Política se impone a esta entidad la obligación de "vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos".
Castillo respondió con otra misiva que la procuradora tiene plena facultad constitucional y legal para realizar las diligencias que solicita en su carta, sin que la Asamblea tenga ningún asidero jurídico para ello.
Dijo que toda investigación orientada a esclarecer los presuntos actos de corrupción que se le endilgan al magistrado Spadafora, deberían empezar en la sede del propio Ministerio Público.
