La Procuradora Ana Matilde Gómez se mostró en desacuerdo con la discrecionalidad y facultades para sancionar e investigar otorgadas a la Dirección General de Ingreso (DGI) en el programa de equidad fiscal.
Dijo que no existe explicación que justifique el aumento de la pena de arresto, que antes oscilaba entre un mes a un año, a la de dos a cinco años por defraudación fiscal propuestas.
Criticó la potestad de los Administradores Provinciales de Ingresos para seleccionar las sanciones. Advirtió que puede dar lugar a la aplicación desigual de la Ley.
