La procuradora de la nación, Ana Matilde Gómez, responsabilizó al Órgano Ejecutivo por no implementar la Ley 31 sobre la Protección a las Víctimas a pesar de que ésta ya tiene ocho años de haber sido aprobada.
Gómez se defendió de afirmaciones de algunos diputados en las que se culpaba al Ministerio Público por la no implementación de esta ley, a lo que de inmediato respondió que el único responsable de su no aplicación es el Ejecutivo.
Con esta ley, se establecía la creación de un fondo especial de atención a las víctimas; no obstante, de acuerdo con la funcionaria, es el Ejecutivo el que está deficiente en esta materia.
"Más de una vez como procuradora, en compañía del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, se ha instado al Ejecutivo para que cumpla con el deber legal que le corresponde de reglamentar la Ley 31", señaló.
Ésta, dijo Gómez, es una deficiencia y una deuda que tiene el Ejecutivo y el Estado con las víctimas, enfatizando que el Ministerio Público puede aplicar la norma, pero no le corresponde por mandato legal.
