La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, anunció que solicitará al Defensor del Pueblo, Italo Antinori, las pruebas sobre la presunta violación a los derechos humanos, que le atribuye al jefe del Ministerio Público, José Antonio Sossa.
Montenegro de Fletcher también se mostró contraria al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que eliminó la facultad del Defensor del Pueblo para investigar la administración de justicia.
Reveló que "no estuvo de acuerdo" cuando Sossa presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que crea la Defensoría del Pueblo y su despacho así lo expresó en su vista".
La Corte Suprema, aparentemente en base a otra demanda de inconstitucionalidad, promovida por el abogado Héctor Castillo Ríos -un exsocio del democristiano Guillermo Cochez, declaró inconstitucional párrafos y numerales de algunos artículos de la ley del Defensor del Pueblo.
En esa demanda correspondió al Procurador de la Nación, emitir concepto y éste expresó total coincidencia con la pretensión del demandante.
Por su parte, para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Donato Rosales, el fallo de la Corte disminuye las funciones del Defensor del Pueblo y convierte a éste en una "figura decorativa".
Si se le quita al Defensor del Pueblo, la facultad de investigar a funcionarios judiciales, prácticamente no habría razón para su existencia, manifestó Rosales.
Mientras, el siempre locuaz Italo Antinori, mantiene total silencio ante el fallo de la Corte y las pruebas que deberá presentar para sustentar los cargos contra Sossa.
