Uuna investigación exhaustiva de los estamentos involucrados en las actividades migratorias del país pidió ayer el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Rubén Elías Rodríguez.
Sus declaraciones se dan luego de que la directora de Migración, María Cristina González, exigió investigar a los miembros del Consejo de Seguridad y de la Policía, tras el escándalo del supuesto tráfico de chinos en el Aeropuerto de Tocumen.
El presidente del CNA también instó a González a que no realice denuncias generales y que si tiene alguna queja contra un abogado en particular, que lo haga público.
"Ella tiene poca experiencia, pero no puede decir que metía a los asiáticos en un cuartito especial para evitar que se interpusieran hábeas corpus para evitar su deportación", sostuvo.
Mientras que el Movimiento de Abogados Gremialista, que preside Rogelio Cruz, acusó a González de desviación de poder que pudiera rayar en el abuso de autoridad, al reconocer la existencia de un "cuartito especial" para la privación de libertad y consecuente incomunicación de los afectados.
“Resulta lamentable que un servidor público, que debería ser garante del principio de estricta legalidad, pretenda denegar que los particulares ejerzan los recursos legales (que usted llama despectivamente habilidades de los abogados) previstos en las leyes vigentes para el reconocimiento del derecho”, indicó.
En su declaración jurada, González dijo que “los chinos eran llevados a un “cuartito especial” en el albergue, a fin de evitar que se les diera soplo a los abogados y agregó que estaba harta de las habilidades de estos.
Norma.
El Decreto de Ley 3 de 22 de febrero de 2008, que crea el Servicio Nacional de Migración, faculta a la directora a deportar y ordenar el impedimento de entrada al país de los extranjeros.
Sin embargo, también obliga a Migración a respetar los derechos humanos y las garantías fundamentales de los extranjeros.
