El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó al procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, para que en representación del Estado promueva las acciones judiciales de carácter civil para la recuperación de B/.8 millones por lesiones patrimoniales ocasionadas por el excoronel de las extintas Fuerzas de Defensa, Pedro Marco Justines.
La decisión se fundamenta en que Justines mantenía un proceso por el delito de peculado en el Juzgado Noveno de Circuito, pero mediante Decreto No. 476 de septiembre de 1995 fue indultado por el Organo Ejecutivo del delito imputado.
Mediante la Resolución Ejecutiva No. 91 de 2 de agosto del presente año se establece que como consecuencia de la acción penal seguida por el delito de peculado contra Justines, el Estado sufrió graves daños y perjuicios calculados en B/.8 millones, por lo que se hace necesario interponer acciones civiles a los bienes comisados al militar a fin de resarcir los daños ocasionados.
La defensa de Justines interpuso una serie de recursos legales para levantar las medidas cautelares impuestas por los tribunales sobre sus bienes, pero la Corte Suprema de Justicia estableció que el indulto extinguía la acción penal y no así la responsabilidad civil derivada del hecho punible.
A Justines se le acusó de haber ejecutado una serie de acciones a través de las Fuerzas de Defensa, mediante las cuales obtuvo grandes sumas de dinero, pero que estos fondos provenientes del Banco Nacional de Panamá fueron desviados a cuentas personales del militar.
El Ministerio Público solicitó el llamamiento a juicio de Justines por el delito de peculado, no obstante, la presentación de una serie de recursos judiciales dilataron el proceso, hasta que culminó con un indulto por parte del presidente Ernesto Pérez Balladares.
Sin embargo, el Ministerio Público deberá probar que los dineros cautelados a Justines tienen una procedencia ilícita y que pertenecían al Banco Nacional de Panamá, por lo que se estima que este proceso se prolongue por un par de años.
