Los asesores legales de las entidades gubernamentales serán coordinados por la Procuraduría de la Administración para mejorar el tratamiento que le deben dar a los temas jurídicos para evitar demandas civiles contra el Estado panameño.
El procurador Oscar Ceville iniciará a través de talleres y seminarios para poner al día a los abogados estatales a que tengan mejor manejo de la Ley 38 concerniente al proceso administrativo.
Actualmente el Estado panameño enfrenta demandas que ascienden de forma preliminar a B/.250 millones en la esfera civil.
Los procesos se van a dirimir a partir del 3 de mayo en la recién creada Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles.
El Estado ha salido en los últimos años vencido en diversos litigios ventilados en tribunales de arbitraje extranjeros y locales.
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