El ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, reveló ayer que llegó a un acuerdo con el procurador José Antonio Sossa para regular la concesión de los polémicos permisos laborales y de estudio para detenidos.
Igualmente dijo que ordenó la anulación de 15 permisos laborales, tras comprobar que los reos beneficiados con esta medida no cumplían con la asistencia a sus centros de trabajo.
Indicó que durante una reunión celebrada ayer con el procurador Sossa se llegó a un acuerdo para presentar ante la Asamblea Legislativa una iniciativa legal que regule los permisos laborales y de estudios concedidos a los reclusos.
Explicó que la concesión de estos permisos no se ha suspendido, debido a que existe un gran hacinamiento dentro de los centros penitenciarios y añadió que esta es una medida necesaria, pero que se debe dar bajo parámetros bien específicos.
A la vez detalló que se encuentra a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia ante el recurso de nulidad presentado por el procurador Sossa contra el decreto ejecutivo que regula la concesión de los permisos laborales.
Consideró que este es un tema en donde se requiere de una amplia discusión para llegar a un consenso entre las diversas instituciones relacionadas con los centros penales.
Añadió que en las próximas semanas se elevarán consultas con otros organismos para lograr un entendimiento y establecer nuevos mecanismos para la supervisión de los reclusos que deseen la resocialización.
Por otro lado, aseguró que también se tomará en consideración la opinión de las víctimas antes de aprobar cualquier iniciativa de esta índole. Agregó que su despacho adelanta una serie de investigaciones sobre los casos denunciados por el procurador Sossa para establecer si existió algún tipo de irregularidad.
A pesar de los resultados positivos, la deuda líquida de la compañía creció el 50% en el tercer trimestre y llegó a 28,700 millones de reales (unos 8,700 millones de dólares), por la fuerte devaluación sufrida por el real en el período.
El gobierno mexicano planea obtener unos 2,500 millones de dólares en ingresos no recurrentes en el 2003, en parte por la venta de su participación mayoritaria en dos grandes grupos aeroportuarios, dijo ayer un importante funcionario de la Secretaría de Hacienda.
La cifra incluye "la colocación del 85% de acciones que hoy en día el gobierno federal mantiene en propiedad (...) y que se refiere al Grupo Aeroportuario del Pacífico y (Grupo Aeroportuario del) Centro-Norte", dijo Andrés Conesa, director general de Planeación Hacendaria de Hacienda.
El 15% restante de los grupos aeroportuarios está en manos privadas, luego que en 1999 el gobierno de México abrió la licitación a grupos de inversionistas para que operaran las terminales.
