Molesto por los despidos aplicados mediante la Ley No. 61 de 1998, conocida popularmente como Ley Faúndes, un grupo de catedráticos de la Universidad de Panamá (UP), con más de 75 años, acudió a la Defensoría del Pueblo.
Los docentes manifestaron que su derecho al trabajo ha sido violado, porque a pesar de que tienen 75 años o más, se mantienen física y mentalmente capacitados para proseguir en la enseñanza dentro de la UP.
Paralelamente, señalaron que el estatuto universitario mantiene las causales taxativas del despido, y el tener más de 75 años de edad no está establecido, ya que la UP es autónoma.
La defensora del pueblo, Mónica Pérez, dijo que la queja sería admitida, y se procederá a estudiar el caso a profundidad para tener un pronunciamiento basado en la Ley y La Constitución.
Entre los educadores que presentaron la queja, estaban: Edwin R. Molina, Laurentino Gudiño, David Acosta y Diógenes Cedeño Cenci.
Esta situación desembocó en la captura de 7 personas, dos panameños provenientes de esta área indígena, entre ellos el maestro del área y 5 colombianos que fueron deportados. Se logró la incautación de una lancha rápida y el decomiso de B/.100 mil en efectivo.
Dos meses después la Policía Nacional puso un cordón de seguridad en Achutupu, pero los indígenas fueron amenazados por colombianos, quienes reclamaban la droga que dejaron en las costas de Kuna Yala.
196 viviendas fueron destruidas, 794 damnificados, 44 quedan en pie y dos tercios de la comunidad quedó devastada.
Ayer fueron refugiados los indígenas en 16 tiendas de campaña para quince personas cada una. Recibieron agua, alimentos, frazadas, pañales desechables.
La gobernadora de Darién, Juana López remitirá al gobierno un informe del caso.
