Tras permanecer reunidos a puerta cerrada por más de nueve horas con representantes de la CAPAC y del SUNTRACS, el Gobierno se comprometió anoche a emitir la próxima semana el Decreto Ejecutivo sobre el reglamento de seguridad que fue consensuado en un 95% por ambas partes.
El documento incluirá el aspecto de salud que fue el único elemento que no fue acordado entre ambos sectores, ya que los obreros exigen una ambulancia en cada proyecto de construcción, a lo cual el sector empresarial mostró resistencia por el alto costo que esto les representaría.
Edwin Salamín, ministro de Trabajo, evitó anticipar si el Decreto Ejecutivo incluirá la polémica petición del SUNTRACS y se limitó a señalar que "el documento considerará las recomendaciones de ambas partes".
La reunión, que se realizó en la Defensoría del Pueblo por solicitud del Ejecutivo, se caracterizó por el secretismo y la actitud sumisa de los negociadores, quienes decretaron extensos recesos en varias ocasiones ante la falta de consenso.
El resto de los puntos del pliego de peticiones que presentó el SUNTRACS se revisará el próximo lunes. No obstante, el Ejecutivo mostró interés en invitar a otras agrupaciones lo que caldeó los ánimos de la dirigencia sindical.
Al margen de ello, el ministro Salamín advirtió que "existen asuntos de carácter constitucional y legal en el pliego de peticiones que son reservas para el Ejecutivo".
Jornada agotadora.
Tras mostrar claras señales de agotamiento, Eduardo Rodríguez, miembro de la CAPAC, afirmó que el gremio aceptaba la decisión del Gobierno y que asumiría los costos del reglamento porque es una "inversión".
En tanto, Genaro López, del SUNTRACS, llamó a los obreros a cerrar filas y defender sus derechos. De hecho, hoy realizarán un encuentro sindical donde definirán las acciones a seguir y evaluarán la posibilidad de decretar una huelga a pesar del acuerdo que ayer alcanzaron.
