La eliminación de la figura del desacato que está consagrada en el Artículo 33 de la Constitución Nacional, propuso al Organo Legislativo el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino.
El funcionario tomó esta iniciativa al considerar que la norma es contraria al principio de la garantía del debido proceso, esencial en todo Estado de Derecho.
A juicio de Tejada, la existencia de esta norma le da a los funcionarios de instrucción de imponer sanciones sin juicio previo, situación que "constituye, a no dudarlo, un rezago autoritario dentro de nuestra Carta Magna".
Agregó que es oportuno aprovechar la ocasión que se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para introducir reformas a la Constitución Nacional.
Tejada envió una nota al presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, Wigberto Quintero, en la que advierte que la reforma propuesta mantiene la figura del desacato.
Agregó que la declaración de principios sobre Libertad de Expresión, emitidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos OEA, plantea el tema en su Artículo 11.
Este artículo expone que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como "leyes de desacato", atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
Recordó que la adopción de una legislación interna en materia de Libertad de Expresión y Acceso a la Información a los estándares internacionales, es una aspiración de vieja data, expresada por los gremios periodísticos, y por las organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas instituciones pro derechos humanos.
A juicio de Tejada Espino, se debe aprovechar la oportunidad para dar el primer paso en el camino necesario de derogar todas aquellas normas que "nos mantienen" dentro de la lista de atención, por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.
