Tras evaluar el fenómeno de la corrupción judicial en Centroamérica y Panamá, la Fundación para el Debido Proceso propuso a las autoridades panameñas eliminar de la Constitución los privilegios o prebendas para los diputados y magistrados, aduciendo que favorecen la existencia de hechos de corrupción.
La fundación, un organismo estadounidense sin fines de lucro, también recomendó eliminar el tráfico de influencias, los arreglos políticos, los pagos de sobornos para el logro de objetivos en la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial y sancionar severamente la conducta, para lograr la transparencia en la función judicial.
Estas recomendaciones surgen luego de la evaluación que hizo el organismo sobre los mecanismos panameños para prevenir, detectar, y sancionar actos de corrupción.
