Proponen la realización de una auditoría judicial

LOS PROBLEMAS judiciales que enfrentan los detenidos no parecen tener solución. La mora en los procesos es uno de sus principales obstáculos.
Las cifras revelan que unos 6,762 internos no han sido condenados de los más de 11,000 que permanecen detenidos.
Esta situación parecer seguir cayendo "en oídos sordos" y los avances no visitan las cárceles panameñas. La Fundación de Apoyo al Detenido, en un informe elaborado y sustentado en un estudio estadístico, hace algunas sugerencias a los tres Órganos del Estado y entidades afines al problema penitenciario.
La organización estima que el Órgano Ejecutivo debe solicitar audito judicial de todas las sentencias, autos de llamamiento a juicio y detenciones preventivas de aquellas personas que se encuentren detenidas en las cárceles, asegurando la disminución del hacinamiento por medio de medidas cautelares.
Dentro de las recomendaciones brindadas hacen referencia al uso de la donación de 17 millones asignados por la Comunidad Europea, los cuales deben ser invertidos en infraestructura para construir un Centro de Resocialización única y exclusivamente para albergar a detenidos primarios condenados por delitos menores; y la construcción de un centro de de resocialización tipo granja para detenidos de máxima seguridad.
Piden también un audito a los expedientes que demuestren fallas.
La vice ministra de Gobierno y Justicia, Olga Golcher ha señalado que en cuanto la mora judicial, han reforzado la atención a las comisiones judiciales para garantizar que los reclusos asistan a sus audiencias el día que están previstas.
En ese sentido, agregó que con el respaldo de la Comunidad Europea, se inició un proceso para la contratación de abogados que refuercen tanto a la defensoría de oficio como en los centro penales y brindar así una mayor orientación.
Sobre el hacinamiento la viceministra, subrayó que dos leyes que buscan reducir este problema, serán sancionadas próximamente por el presidente, Martín Torrijos.
Los problemas que deben solucionar más urgentes son: el hacinamiento carcelario, mala alimentación, mala calidad del agua, corrupción de funcionarios públicos, violaciones a los derechos humanos, clasificación de la población penitenciaria, falta de programas de resocialización y falta de profesionales y personal idóneo en la materia.
Un informe elaborado por la Fundación indica que la población procesada está estimada en 6, 762 de los 11, 555 internos que se encuentran en los centros penitenciarios del país, sólo los condenados alcanzan la cifra de 4, 533.