La idea es de la Comisión Codificadora Nacional, encargada de implementar los cambios que serán sugeridos a los Códigos Penal y Procesal Penal panameños.
Considerada como la Sala Quinta, estará integrada por 5 magistrados, un magistrado Superior de Garantías a nivel del Pleno, uno a nivel de la Sala Penal y los otros tres a nivel de la Sala de Garantías Fundamentales.
Para la jurista Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, lo que da miedo de esta propuesta es el nombramiento de magistrados adicionales.
"Uno de los temores que hay, es que aumenta el número de magistrados y si el proceso de selección sigue siendo político, por supuesto que se crea cierta desconfianza", acotó.
A la vez vio como favorable que se puedan dirimir con agilidad los recursos de hábeas corpus y de amparo de garantías constitucionales, propuesta que fue presentada por la subcomisión de Acceso a la Justicia del Pacto de Estado por la Justicia.
Las nuevas figuras que se instalarán en el sistema de justicia atenderán los hábeas corpus y amparos de garantías constitucionales en un proceso que se realizará de forma oral, explicó el coordinador de la Comisión Procesal Penal, Silvio Guerra.
El jurista explicó que también se instalará la figura de un juez de la Garantía, el cual va a operar a nivel de los tribunales circuitales.
Por su parte, el coordinador general, Wilfredo Sáenz, estimó que este cambio que propone la Comisión Codificadora va a finiquitar los procesos y a permitir una decisión más pronta y oportuna de los casos.
Ante los cuestionamientos del por qué se crean estas nuevas figuras, el magistrado Wilfredo Sáenz dijo que durante la fase de investigación, un magistrado de Garantías es el que tiene que llevar un control de todo lo concerniente al desenvolvimiento del proceso.
Sobre esta propuesta que tiene un 80% de avance y que será entregada por la Comisión Codificadora en un mes al Ejecutivo, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal se mostró incrédulo.
Durante la conferencia de prensa, a la que asistió la presidenta del Colegio de Abogados, Mercedes de Grimaldo, se anunció el aumento a 30 años las penas por homicidio, y se consideró para algunos delitos graves penas más severas que las que contempla el Código Penal actualmente para homicidio agravado, secuestro, terrorismo y violación.
La calumnia y la injuria se mantienen como delito, aunque se permite la despenalización si hay retractación con algunas condiciones para el sujeto acusado. Mientras tanto la comisión analiza que estos procesos sean orales y ante jurado de conciencia.
No hay voluntad de ir al fondo del problema de la administración de justicia, dijo Miguel Antonio Bernal.
Graciela Dixon señaló que todavía la legislación actual responde a realidades antiguas.
