La Fundación para Apoyo al Detenido recomendó al Ministerio Público, a través de un comunicado, que construya sus propias cárceles y cuente con su presupuesto para atender a los 3, 088 detenidos a sus órdenes.
El comunicado, que lleva la firma de Javier Justiniani, presidente de la referida fundación sugiere que igualmente el Órgano Judicial con los 2, 898 detenidos a sus órdenes y los municipios con sus 424 internos tengan su presupuesto para estos fines.
Reiteró su posición de que el sistema penitenciario panameño requiere una urgente transformación, por el hecho de que las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia y la Dirección General del Sistema Penitenciario reconocen la existencia de niveles claros de corrupción y malos manejos en la seguridad policial.
Piden al presidente de la República tomar medidas urgentes y drásticas para adjudicar su cuota de responsabilidad a cada institución.
Por su parte, Carlos Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, aclaró que este organismo no tiene facultad para disciplinar a servidores públicos.
Para Vásquez, es menester de la Procuraduría de la Administración, valorar la conducta ética pública.
El Código de Recursos Minerales en su Título II sobre otorgamiento de concesiones señala en su Capítulo Primero, que no podrán obtener concesiones mineras por sí, ni por interpuestas personas, ni podrán ejercerlas o disfrutarlas, los Gobiernos o Estados extranjeros.
Lo mismo aplica para "los funcionarios o empleados públicos que directa o indirectamente tuviesen el deber de intervenir por razón de sus funciones en la adjudicación, operación o explotación de las concesiones mineras. Esta prohibición, que se extiende al periodo de un año a partir del momento en que el funcionario cese en sus funciones, comprende así mismo a los cónyuges, padres, hermanos o hijos que dependan o estén bajo la tutela de esos funcionarios o empleados".
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