María Roquebert, ministra de Desarrollo Social, reafirmó ayer que aumentando las penas a los menores infractores no se soluciona el problema de la criminalidad en el país, como señalan algunos funcionarios, entre ellos, el alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro.
La afirmación la sustenta con números en mano. Solo el 4% de los delitos cometidos en el 2007 fueron ejecutados por menores de edad. Ese porcentaje incluye el delito de homicidio, que es sancionado hasta con 12 años de prisión según la Ley 15 de mayo de 2007, que endureció las penas recientemente a los menores infractores.
Tras el asesinato de su escolta, el alcalde Navarro inició consultas con grupos de la sociedad civil para proponer una nueva ley que sancione con 20 años de prisión a los jóvenes homicidas.
?Como sociedad, esta discusión se hizo el año pasado?, enfatizó la ministra Roquebert, tras recordar que el alcalde Navarro no participó de este proceso.
Aún así, la funcionaria se comprometió a remitirle toda la documentación sobre el tema.
Rechazo.
Lejos de apoyar la propuesta del jefe de la comuna capitalina, Magaly Castillo, secretaria ejecutiva de Alianza Ciudadana, la calificó de ?absurda? y argumentó que Panamá es uno de los pocos países que sanciona hasta con 15 años de prisión a un joven por el simple hecho de pertenecer a una pandilla.
Esto es una barbaridad de legislación, apuntó Castillo, tras resaltar que se necesita urgentemente un plan para luchar contra la violencia juvenil.
Estos planteamientos coinciden con la posición de la Conferencia Episcopal, que solicitó al Gobierno dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia y del proceso de Concertación, sobre la necesidad de desarrollar una política criminológica de Estado.
