Prostitución, la actividad que crece en la ilegalidad

Gilberto Soto (gilberto.

soto@epasa.

com) / PANAMA AMERICA Claves Artículo 10 del Decreto 857Antes de expedir nuevas patentes comerciales para operar hoteles de segunda categoría, casas de alojamiento, etc, será necesario que el gobernador de la provincia, asesorado por funcionarios comisionados por la Policía Nacional, investigara las condiciones de salubridad y moralidad en que se encuentren dichos establecimientos.

Artículo 180 del Código PenalQuien con ánimo de lucro facilite, instigue, reclute u organice cualquier forma la explotación sexual, será sancionado con prisión de cuatro años a seis años y con 50 a 200 días de multa.

Si el autor contagia a la víctima con una enfermedad de transmisión sexual, la pena sea de ocho a diez años.

Mientras que en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) afinan las estrategias y herramientas legales para cerrar los establecimientos ilegales dedicados a “shows” con el servicio de alternadoras, la prostitución clandestina toma fuerza en sitios disfrazados de bares, restaurantes, casinos y en las vías públicas.

La batalla empezará en junio, cuando entre en vigencia la Ley 2 de 2013 sobre los procesos de apertura de empresas y se establezcan otras disposiciones.

La Dirección de Comercio del Mici reforzará los operativos nocturnos para desarticular los establecimientos dedicados a “shows” y que operan sin los permisos correspondientes, como lo establece el Decreto 857 de septiembre de 1951 sobre moralidad y salud pública.

Las primeras estimaciones del Mici indican que más de una veintena de sitios como boites , cabarés o clubes nocturnos, cuya licencia comercial solo se refiere a “show”, están a un paso de que se ordene su cierre definitivo al descubrirse dos ilegalidades: no tienen el permiso previo de la Gobernación de Panamá para operar y se dedican al “comercio sexual”.

El artículo 10 del Decreto 857 establece que para el trámite de una patente comercial se debe solicitar un permiso previo a las gobernaciones, y que una vez emitida tendrá adscrita claramente la advertencia: “esta patente no autoriza el funcionamiento de prostíbulos ni ninguna otra actividad contraria a la seguridad, salubridad o moralidad pública”.

“Encima, muchas de ellas están operando con permisos que no corresponden a la actividad para la cual expiden los avisos.

Se disfrazan de bares, hoteles y restaurantes”, explica Virgilio Sousa, director de comercio del Mici.

Según dijo, si el propietario no presenta el permiso de la Gobernación y no cuenta con el aviso para “show”, la ley le permite ordenar su cierre e imponerle una multa.

Pero la medida que busca frenar la prostitución comercial y que el Código Penal tipifica en el Capítulo II sobre explotación sexual comercial y otras conductas, tiene un antagonismo que le impide sancionar a quien de manera voluntaria se dedique al “negocio”.

“En Panamá la prostitución como tal no es ilegal.

No hay una norma que así lo diga”, aseguró Silvio Guerra, coautor del Código Penal.

Pero ese vacío legal que solo penaliza al proxeneta es lo que ha permitido la proliferación de los establecimientos dedicados al “servicio”.

“Bajo la legalidad es que los propietarios se arropan en bares y restaurantes para desarrollar la actividad”, expresó.

Opinión Pablo Morales - Comité Ecuménico de Panamá ControlesEs lamentable que una actividad de esta naturaleza vaya en aumento sin que las autoridades hagan valer las herramientas o controles que, ya de por sí, existen.

Las autoridades no se deben hacer de la vista gorda de una situación, que incluso es de riesgo, por cuestión de salud pública.

Se deben reforzar los controles.

Si las leyes actuales son insuficientes, entonces que se presenten los debidos proyectos para que el problema no se aumente.

Más que un problema de moral, que lo es, es un tema de salud pública.

Tiene que ver con el tema económico de los hogares.

Los usuarios de estos servicios terminan utilizando los dineros de sus responsabilidades para pescar enfermedades de transmisión sexual.

Hay que poner la mano a trabajar para hallar los controles necesarios en la búsqueda de la reducción de la actividad.

Y el problema es que estamos en una cultura en que se nos enseña a pensar de una manera egoísta, y darnos todo el placer posible.

Estamos caminando por una senda de autoegoísmo que termina minando el buen funcionamiento de las familias y de la sociedad.

El llamado es para las autoridades, porque hay muchas personas que miran esta actividad como un negocio u oportunidad para encontrar un sustento para su familia.

La sociedad en general tiene que cambiar de pensamiento, hay que fortalecer las bases de la familia para no exponernos al peligro con enfermedades.

OperativosDel problema están conscientes las autoridades de diferentes instituciones, que trabajan por su cuenta.

En materia de cifras, desconocen la magnitud del problema, pero saben que está en aumento por los operativos que realizan periódicamente.

Aunque en Migración dicen que “hacer operativos en night clubs no genera noticia”.

Pero datos proporcionados por el Mici indican que es a Migración a la que le corresponde vigilar que el grupo de mujeres dedicadas al servicio de alternadoras en “boites” y cabarés -en su mayoría colombianas- cuenten las fichas para ejercer la actividad.

El director de la Región Metropolitana de Salud, Jorge Hassán, asegura con propiedad que al menos 600 mujeres son las que asisten a los centros de salud en la capital a sus chequeos semanales, para garantizar que están en buen estado de salud y poder atender a sus “clientes”.

El grupo de mujeres proviene de una lista preelaborada que los propietarios de los locales le envían al Minsa con el nombre de las “alternadoras” para su control semanal.

Pero fuera de estos sitios de prostitución que cuentan con el apoyo del Minsa para su control de salud, hay cerca de otras 500 mujeres que realizan esta actividad de manera clandestina.

Este grupo de mujeres, en su mayoría colombianas, se han organizado en grupos para promocionarse en páginas de internet y paquetes de servicio para los clientes.

Para ellas, el Minsa habilitó en el centro de salud de Santa Ana una clínica amigable en horario de 3:00 p.

m.

a 7:00 p.

m.

“Allí se atienden no solo a las que se dedican a la prostitución en locales, sino a aquellas que lo hacen de manera independiente.

Se están promoviendo estas clínicas también en Chiriquí y Colón.

En ellas se hacen todos los exámenes completos.

La idea es que ellas tengan protección”, dijo Hassán.

La ilegalidad no es un tema de debate entre los involucrados.

Las estrategias para promocionar el servicio alcanzaron portales electrónicos, anuncios en periódicos, líneas calientes y blogs en los que hay criterios definidos.

“Lo primero que hay que entender es que Panamá es un paraíso para la prostitución, los panameños conviven con ellas, están acostumbrados a verlas; las autoridades se hacen de la vista gorda.

Es tan común verlas, que para ellos si hay una mujer en la calle medianamente bonita, únicamente la Policía podría pedirles papeles para comprobar que están legales en el país”, es uno de los comentarios en el blog de Saint Germain (seudónimo).

Disputa institucionalLa puesta en marcha de la Ley 2 puso en apuros a los propietarios de los locales, que ahora reclaman a la gobernadora Mayín Correa que les otorgue el permiso al que hace referencia el Decreto 857, y que ahora solicita el Mici.

La norma no solo ha puesto en aprietos a los night clubs , sino que además provocó un enfrentamiento entre las autoridades del Mici y la Gobernación de Panamá sobre los procedimientos y flexibilización de los requisitos en la apertura de los permisos de los locales existentes.

En la administración de Correa el tema tiene una postura definida.

"No estamos emitiendo esos permisos, porque atentan contra la moral, y hasta ahora hemos rechazado unas cuatro solicitudes", afirmaron.

En una nota, fechada 4 de enero de 2013, la gobernadora respondió al Club Morbein S.

A (Elite II) que “este despacho no puede subsanar pretermisiones, avalando requisitos que debieron cumplirse al momento en que se les expidió la licencia comercial, menos aún si es para amparar actividades que riñen con la moral”.

La nota solicitó al Mici a que se le reconozcan los años de funcionamiento.

Pero en la entidad se mantienen en que se procederá al cierre.