Proyecto anula equiparación portuaria

Un proyecto que anula la resolución del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) que equipara el contrato de Panama Ports Company (PPC) con otros operadores portuarios, circula en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Según informes obtenidos por El Panamá América, el magistrado ponente Winston Spadafora mantiene la posición de que esta resolución se debe anular "por ilegal".
El 13 de mayo del 2002, el ministro de Comercio, Joaquín Jácome, equiparó el contrato ley de PPC con las mismas prerrogativas que se le daban a su principal competidor Colon Container Terminal (Evergreen), que le condonó el pago de una renta fija anual de B/. 30 millones por 50 años .
Se conoció que la decisión de anular la resolución es del magistrado Spadafora, sin embargo, aún no se conoce la posición de sus colegas de la Sala Tercera, Adán Arnulfo Arjona y Arturo Hoyos.
Una demanda en contra de la citada resolución fue interpuesta por el contralor Alvin Weeden y también por varios legisladores de oposición como Miguel Bush, Teresita de Arias, Pedro Miguel González, Aníbal Culiolis y Eric López.
En la resolución, Spadafora considera que no existe la llamada relación de semejanza entre los contratos portuarios, y que por el contrario los derechos y obligaciones de estas empresas frente al Estado, "son substancialmente distintas".   
También considera que PPC es el único operador portuario del lado Pacífico, en donde no tiene competencia, en contraste con las compañías Colon Container y Manzanillo International Terminal, que operan en lado Atlántico.
El proyecto de Spadafora sustenta que sería un error percibir la negativa de conceder la equiparación, "como una medida que afecta la seguridad jurídica y la estabilidad de la inversión".
En el texto del proyecto de fallo se advierte que la equiparación no podía aplicarse en el caso de Panama Ports, básicamente porque las condiciones de su contratación no eran similares a las de Colon Container Terminal.
A una consulta elevada ante la Procuraduría de la Administración, la procuradora Alma Montenegro de Fletcher, opinó que la equiparación era legal.
En caso de acogerse el fallo por el resto de los magistrados, la resolución no tendría efectos retroactivos, por lo que PPC no tendría que pagar cerca de B/.60 millones que se les exoneró en los años 2002 y 2003.