Una reforma estructural sufrió el proyecto que regula la comunicación telefónica, de Internet y por correos electrónicos.
Estas modificaciones presentadas a la Asambleas Nacional por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, eliminan la “retroactividad” de los datos almacenados por las empresas telefónicas o similares.
En el artículo relacionado con las garantías constitucionales se eliminó el párrafo que señalaba que: “deberá elevarse previamente autorización a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que autorice cualquier actividad dirigida a interceptar, grabar, filmar y reproducir el contenido de los datos registrados”.
El director de Operaciones de Cable Onda, Diego Eleta, calificó como “crítico” que las autoridades no consultaran a las partes afectadas, en este caso, las empresas dedicadas a la telefonía e Internet.
Manifestó que Cable Onda mantiene por un corto lapso los datos de sus usuarios, pero que al poco tiempo se borran.
Eleta señaló que en el caso de Internet, los usuarios que tienen modem o DHSL estarán siempre conectados, por lo que este proyecto no se ajusta con la realidad del servicio, ya que la persona no tiene hora de conexión.
En cuanto al destino de la llamada, el empresario señaló que lograr el nombre y la dirección del destinatario es difícil, si éste no está dentro de la red de la empresa.
Asimismo, coincidió Gaspar García de Paredes, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, quien lamentó que no se discutiera el proyecto ampliamente.
Sostuvo que la propuesta “no envía” un mensaje de “tranquilidad”.
“No se puede perder el nivel de libertades ciudadanas con elementos que pudieran servir para malos manejos”, planteó.
